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Un adolescente de 16 años fue detenido el miércoles por la noche en el barrio La Bianca de Concordia, Entre Ríos, luego de que la Policía secuestrara una sustancia que dio positivo para cocaína durante un patrullaje preventivo. El procedimiento derivó en una causa judicial y se convirtió en el primer caso registrado en la provincia bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde el 5 de septiembre de 2026
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Motorizada, Cuerpo y Guardia y la comisaría de la zona. Durante la recorrida, los agentes encontraron al adolescente de 16 años junto a otro joven de 13 años en los pasillos del barrio.
Según el reporte policial, al advertir la presencia de los uniformados, uno de los adolescentes habría intentado descartar un envoltorio. Ante esta situación intervino la División Drogas Peligrosas, que realizó el análisis de la sustancia y determinó que se trataba de cocaína.
A partir del resultado, tomó intervención la Fiscalía de turno y se inició el procedimiento judicial correspondiente. El joven de 16 años quedó a disposición de la Justicia y alojado en una dependencia destinada a menores, mientras se determina su situación procesal.
El otro adolescente, de 13 años, fue demorado durante el procedimiento, pero no quedó sometido a un proceso penal debido a su edad. Luego fue entregado a sus padres. De acuerdo con la jefa de Minoridad de Concordia, comisaria inspectora Zulma Zaragoza, ninguno de los dos jóvenes tenía antecedentes ni había ingresado anteriormente a una comisaría.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La Ley 27.801 estableció un nuevo sistema para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos previstos en el Código Penal o en leyes especiales. La normativa reemplazó el régimen que estaba vigente desde 1980 y redujo de 16 a 14 años la edad mínima para quedar comprendido en un proceso penal juvenil.
El régimen contempla garantías procesales específicas y establece que la privación de la libertad debe aplicarse de manera excepcional. También incorpora medidas alternativas, como reglas de conducta, reparación del daño, prestación de servicios comunitarios, restricciones de contacto o circulación y monitoreo electrónico, según las características de cada causa.
La normativa también establece que los adolescentes no pueden recibir prisión o reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. Además, prohíbe que sean alojados junto con personas adultas privadas de su libertad.
