La Policía de Paraguay detuvo al expresidente Santiago Peña en su domicilio, luego de que el Congreso aprobara su destitución y Pedro Alliana asumiera la Presidencia de la República. El exmandatario permanecerá bajo arresto domiciliario mientras avanza una investigación judicial por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con su gestión.
La orden de detención fue remitida a la Comandancia de la Policía Nacional por un equipo del Ministerio Público integrado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.
La medida se concretó después de que un grupo de legisladores presentara, el jueves 5 de noviembre, una ampliación de una denuncia formulada originalmente el 22 de octubre de 2025. En esa presentación incorporaron nuevos señalamientos sobre presuntos vínculos económicos entre Peña, integrantes de su entorno y el grupo empresarial Ueno.
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Entre los elementos expuestos por los denunciantes figura la declaración patrimonial que el exmandatario realizó en 2023, cuando informó que poseía acciones de Ueno Holding por 6.144 millones de guaraníes, que posteriormente vendió en abril de 2025.
También señalaron la existencia de un certificado de depósito de ahorro por 2.400 millones de guaraníes en Ueno, además de un bono de la empresa Itti. Los legisladores incorporaron, además, referencias a la participación de un hermano de Peña como socio de U Holding Sarl, sociedad mediante la cual, según sostienen, el grupo empresarial ejercería el control de Ueno.
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La presentación también incluyó cuestionamientos al Banco Central del Paraguay (BCP) y particularmente a su presidente, Carlos Carvallo. Los denunciantes afirmaron que las autoridades monetarias conocían desde abril de 2026 los problemas que atravesaba la entidad financiera, pero que no habrían utilizado oportunamente las herramientas legales disponibles para evitar que la crisis se agravara.
La detención de Peña se produjo en medio de la transición institucional abierta tras su salida de la Presidencia y la asunción de Pedro Alliana. Mientras tanto, la investigación judicial deberá establecer si existieron responsabilidades penales en los hechos denunciados y determinar el alcance de los presuntos vínculos económicos señalados en la presentación legislativa.



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