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La detención del mburuvicha Santiago Ramos en la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II, en Misiones, abrió un nuevo capítulo de tensión territorial que, según denuncian desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), expone una grave vulneración de derechos constitucionales y un accionar judicial y policial “ilegítimo y desproporcionado”.
En diálogo con Radio Up, la abogada de ENDEPA, Roxana Rivas, reconstruyó los hechos y advirtió que el procedimiento que derivó en la detención del líder indígena y otras personas de la comunidad “se dio sin orden judicial clara, sin acceso al expediente y con características propias de un desalojo ilegal”.
Un conflicto territorial de larga data
El caso no es aislado ni reciente. Según explicó Rivas, la comunidad Mbya de Puente Quemado II enfrenta desde hace años conflictos vinculados al uso y posesión de su territorio ancestral, el cual se encuentra relevado por el Estado nacional en el marco de la Ley 26.160.
Este relevamiento, realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), reconoce la ocupación tradicional indígena y otorga derechos posesorios que, como remarcó la letrada, tienen jerarquía constitucional en virtud de la preexistencia de los pueblos originarios.
“El territorio indígena no es solo donde viven, sino de donde obtienen sus recursos básicos: agua, alimentos, el monte”, sostuvo Rivas, al describir la centralidad del espacio en disputa.
El contexto ambiental agrava la situación. La comunidad ya había sido afectada por incendios forestales en 2022 y actualmente se encuentra rodeada por plantaciones forestales, lo que reduce significativamente el acceso al monte nativo y a fuentes de agua, algunas de las cuales —según denuncian— están contaminadas.
De la notificación a la detención
El episodio que desencadenó la escalada ocurrió cuando Santiago Ramos se presentó voluntariamente a una dependencia policial para notificarse de un supuesto sumario por “usurpación”.
Sin embargo, lejos de tratarse de un trámite administrativo, terminó detenido en ese mismo acto, lo que para la defensa constituye una irregularidad grave.
“Si una persona comparece espontáneamente, no hay motivo para detenerla, salvo flagrancia o sospecha concreta en el momento, lo cual no ocurrió”, explicó Rivas.
Mientras tanto, en simultáneo, un operativo con múltiples patrulleros se desplegó en el territorio comunitario. Allí, efectivos policiales trasladaron a hombres, mujeres, niños y ancianos a la comisaría de Garuhapé, algunos en calidad de detenidos y otros demorados.
Denuncia de desalojo encubierto
Para el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), lo ocurrido constituye un desalojo de hecho sin orden judicial, realizado en el marco de un simple sumario policial.
“Sacaron a la comunidad de su territorio sin proceso, sin derecho de defensa, sin notificación adecuada”, afirmó Rivas, quien además señaló que ni siquiera existía número de expediente al momento del procedimiento.
Horas después, cuando comenzaron las liberaciones, la situación se agravó aún más: las personas fueron notificadas de una medida cautelar que les prohíbe acercarse al territorio en disputa.
La abogada calificó esta decisión como “absurda” y advirtió que implica una restricción directa sobre un derecho constitucional, ya que impide a la comunidad acceder a una zona clave para su subsistencia.
Irregularidades en el procedimiento policial
El operativo también es cuestionado por incumplir protocolos específicos establecidos por la propia Policía de Misiones.
Hace cuatro años, la fuerza dispuso que cualquier intervención en comunidades Mbya debe realizarse con notificaciones escritas en castellano y guaraní, con intérpretes si es necesario. Según denuncian, nada de esto fue respetado.
Además, se registraron situaciones de separación de familias, interrogatorios a mujeres sobre sus hijos y traslado de menores, lo que motivó una presentación ante la Comisión de Prevención de la Tortura.
Un caso con repercusión internacional
La gravedad del conflicto se amplifica por su reciente exposición internacional. Días antes de la detención, la situación de Puente Quemado II fue presentada ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde se denunciaron el avance territorial, la falta de consulta previa y la vulneración de derechos básicos.
“Este mismo caso ya fue llevado a la ONU, y ahora escala con una respuesta represiva totalmente desproporcionada”, subrayó Rivas.
Incluso, según confirmó, organismos internacionales ya tomaron contacto con la defensa, lo que podría derivar en nuevas acciones en el plano global.
Derechos en disputa: territorio, agua y dignidad
Más allá de la causa judicial por “usurpación”, el trasfondo del conflicto revela una problemática estructural: la convivencia conflictiva entre derechos de propiedad privada y derechos indígenas reconocidos constitucionalmente.
En este caso, la comunidad comparte el espacio con titulares dominiales privados, entre ellos empresas forestales, lo que genera tensiones permanentes.
A esto se suma la falta de acceso al agua potable, una demanda histórica que, según ENDEPA, no ha sido resuelta por el Estado.
“Hay responsabilidades que van más allá del juez. Estamos hablando de derechos básicos vulnerados”, enfatizó Rivas.
Criminalización del Pueblo Mbya
Organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos coinciden en señalar que el caso refleja un proceso de criminalización del Pueblo Mbya, donde reclamos territoriales son judicializados bajo figuras penales como la usurpación.
El argumento central es contundente: no puede considerarse delito habitar un territorio ancestral reconocido por el propio Estado.
Un conflicto abierto
Aunque Santiago Ramos y los demás detenidos fueron liberados, la medida que les impide regresar a parte de su territorio mantiene el conflicto en plena tensión.
Rivas adelantó que avanzarán con todas las herramientas legales disponibles para revertir la situación y garantizar el acceso pleno a la tierra.
Mientras tanto, crece la preocupación por la integridad de las familias y por un escenario que, lejos de resolverse, se profundiza en un clima de creciente conflictividad social y política en Misiones.
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