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Una investigación conjunta de la Aduana, la Policía de la Ciudad y el ARCA permitió desbaratar una banda dedicada al contrabando de autos de alta gama, que luego eran alquilados a artistas de renombre para videoclips y producciones audiovisuales. La causa derivó en cinco allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el secuestro de vehículos de lujo y la detención de dos personas.
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cuatro automóviles de alta gama, entre ellos dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos radicados en Paraguay, además de una camioneta Toyota SW4 con patente argentina. Según fuentes oficiales, el valor total de los rodados superó ampliamente los $500 millones, con unidades que rondaron los $100 millones cada una.
Los allanamientos fueron autorizados por Marcelo Cardozo, titular del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, y se realizaron de manera coordinada entre la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva. Como resultado, dos ciudadanos argentinos quedaron detenidos e incomunicados, y se secuestraron $30 millones en efectivo, 20 mil dólares y un arma de fuego sin documentación.
La investigación se inició tiempo atrás, cuando la Aduana detectó un esquema reiterado de ingreso irregular de vehículos desde países limítrofes. De acuerdo con lo reconstruido, ciudadanos paraguayos ingresaban los autos a la Argentina alegando fines turísticos, amparados en el Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur. Sin embargo, al regresar a su país, dejaban los rodados en territorio argentino, lo que configuraba una maniobra de contrabando.
Las pesquisas determinaron que la operatoria era coordinada por dos personas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes exhibían un alto perfil en redes sociales y utilizaban los vehículos en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.
Asimismo, se estableció que uno de los implicados decía ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante el ARCA, lo que reforzó las sospechas sobre el origen ilícito del negocio.
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Según el artículo 865 del Código Aduanero, los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por contrabando agravado. La investigación continuó en curso y los investigadores indicaron que el esquema operaría al menos desde 2023, sin descartar nuevas imputaciones en las próximas etapas del proceso.
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