Este fin de semana venció el plazo de diez días otorgado por la justicia para la desocupación voluntaria del predio del Gauchito Gil, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 123, en cercanías de Mercedes, Corrientes. En caso de no cumplirse, se procederá al desalojo por la fuerza pública.

El Tribunal de Revisión de Mercedes rechazó la impugnación presentada por la defensa de los ocupantes y confirmó la medida cautelar dictada por la Jueza de Garantías. Según el fallo, la desocupación es necesaria debido a la investigación de un presunto caso de usurpación y la utilidad pública del predio, establecida por la Ley N° 6628.

El abogado defensor de los imputados, Dr. Pablo Fleitas, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y cuestionó el procedimiento llevado adelante por la justicia provincial, a la par que denunció irregularidades en la ejecución del desalojo. “No discutimos que la familia deba entregar el inmueble, sino las formas con detenciones ilegales”, afirmó.

Un proceso judicial acelerado

La familia Orellana, dedicada al comercio en el santuario, había intentado regularizar su situación, pero la expropiación del predio por parte de la provincia de Corrientes, aprobada hace un año, impidió la posibilidad de compra o adquisición legal del espacio. “Hubo un intento de regularización por parte de la familia, pero la provincia sacó una ley de expropiación. Cuando se habla de expropiación, quieras o no quieras vender, tenés que entregar la propiedad al Estado”, explicó Fleitas.

Según el abogado, el caso se inició en la justicia civil de Curuzú Cuatiá, pero al no obtener una resolución favorable, el Estado provincial llevó el conflicto al fuero penal en Mercedes. “Pareciera ser que allí tenían el asunto tanto más aceitado”, deslizó Fleitas.

El letrado criticó la rapidez con la que se llevaron adelante los procedimientos: “Para que tengas una idea, la jueza ordenó la entrega del inmueble un miércoles a las 18 horas y, en menos de 24 horas, ya el jueves, se presentó en el lugar un operativo con 50 efectivos de la Policía de Corrientes, incluyendo el Grupo Antimotines”.

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Denuncias de violencia y detenciones arbitrarias

Durante el operativo de desalojo, miembros de la familia fueron detenidos sin orden judicial. “Se produjo la detención de toda la familia, en una suerte de arresto domiciliario, hasta que el jueves a las 17 horas trasladaron a dos de ellos a la Comisaría Tercera de Mercedes”, denunció Fleitas. Entre los arrestados se encontraba un hombre de 78 años, identificado como el señor Orellana. “Hubo que presentar un habeas corpus ante la Justicia Federal de Paso de los Libres para lograr su liberación. Fue una situación completamente irregular”, agregó.

El abogado sostuvo que este tipo de procedimientos no son una excepción en la provincia. “Lamentablemente, esto es algo continuo cuando el Estado está de por medio”, expresó.

El destino incierto de la familia

La familia Orellana llevaba más de 40 años en el predio, y algunos de sus miembros no cuentan con otra alternativa de vivienda. “Lo único que pedían era que les den un pequeño espacio para continuar con su actividad comercial, y absolutamente nada más”, explicó Fleitas.

Actualmente, los desalojados se encuentran en un predio cercano a la Cruz Gil, donde fueron acogidos de manera circunstancial. Sin embargo, la defensa anticipó que recurrirá a instancias internacionales: “Este procedimiento amerita la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó Fleitas.