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La conmoción por la situación habitacional de Teresa Álvez, vecina de 73 años de la Chacra 190 de Posadas, sigue resonando en la comunidad. Este jueves suspendieron el desalojo que preveía echarla del inmueble en el que vive hace 27 años, aunque la nueva fecha podría llegar pronto.
Es mucha la incertidumbre, y en ese contexto su abogada María Belén Burna denunció en diálogo con La Última Rosca por Radio Up que el Juzgado que interviene y solicita el desalojo –el Civil y Comercial N° 5 a cargo de Fernando Escalante– «hace caso omiso» a la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, que reconoce el Registro Nacional de Barrios Populares y prohíbe cualquier desalojo por un período de 10 años. Álvez está inscrita en ese registro y hoy lucha junto a sus hijas y vecinos por sostener su hogar -en el que vive desde 1998-.
Ante esto, iniciaron una acción autónoma de nulidad para frenar definitivamente el proceso. Aunque admitió que “los tiempos judiciales suelen ir más lentos que los operativos de desalojo”.
Sobre la causa judicial, Burna criticó que “a pesar de la incontable documentación que acredita que ella vive ahí desde hace tiempo, este expediente es un poco particular porque no es un expediente iniciado por ella ni contra ella”. Según explicó, todo se remonta al 2018 cuando un vecino de Álvez inició una demanda por prescripción adquisitiva contra el titular registral del terreno; tras perder el juicio, fue desalojado.
Seguidamente, el dueño del inmueble -que “nunca vivió ahí”, recalcó Burna- intentó entonces aplicar esa misma sentencia contra Álvez. Sin embargo, “ella nunca fue notificada, nunca fue parte de la demanda y por tanto nunca pudo ejercer su defensa”.
“Estamos ante una situación muy grave: hay una ley nacional que hoy se está vulnerando, que no se está teniendo en cuenta”, acusó, a la vez que advirtió que “la normativa es clara, incluso en su artículo 15 establece que la suspensión de desalojos es de orden público”. A pesar de las presentaciones realizadas por el propio organismo que regula el ReNaBaP, el juzgado “nada dice” al respecto, arremetió.
Desalojo con marcadas irregularidades: «Es el único caso que no cumple con la Ley nacional»
Teresa, que tiene un carnet de discapacidad, un menor a cargo y cobra una pensión, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Burna precisó que “esta ya es la tercera vez que vivimos un intento de desalojo” y recordó que en una ocasión anterior “Teresa se descompensó, porque sufre problemas cardíacos y esto afecta gravemente su salud”.
Si bien la orden de desalojo se frenó este jueves, la letrada aclaró que la suspensión es transitoria. “Es muy posible que el juzgado vuelva a sacar una nueva fecha”. Ante esto, iniciaron una acción autónoma de nulidad para frenar definitivamente el proceso, aunque admite que “los tiempos judiciales suelen ir más lentos que los operativos de desalojo”.
La representante legal remarcó que en otros casos similares, también amparados por la ley del ReNaBaP, se logró frenar cualquier desalojo “ante la mera mención de la normativa”. Sin embargo, Álvez no corre con la misma suerte, todavía por motivos que se desconocen pero que revelarían claras irregularidades. “Resulta muy llamativo que no se pueda suspender, siendo que es el único caso en Misiones en el que, pese a incontables presentaciones, no se cumple con una ley nacional”, denunció Burna.
⚖️ En Posadas, una mujer denunció a su madre de 86 años y hermanos por desalojo. La casa fue adjudicada a la madre en 1991, pero el título figura a nombre de la hija. https://t.co/L7eYlioOxy pic.twitter.com/0PwvnimPkc
— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 28, 2025
