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La tensión política y social en Santa Ana sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Matías Eiskman, quien calificó las denuncias de la intendenta Mabel Pezoa y de la directora del hospital local, Lucía Valenzuela, como un “bozal policial” destinado a silenciar las críticas del pueblo.
El edil anticipó que el Concejo intervendrá formalmente para solicitar información sobre el proceso judicial que afecta a más de 200 vecinos, muchos de los cuales habrían recibido medidas restrictivas sin haber participado en las manifestaciones ocurridas tras la muerte del niño Erik Benjamín.
“Denuncias a mansalva” y reclamos por irregularidades
Durante la sesión del Concejo celebrada anoche, varios vecinos denunciaron irregularidades en el procedimiento policial. Según relataron, algunos de los notificados no se encontraban en la localidad durante las protestas o ni siquiera participaron de ellas, pero igualmente fueron alcanzados por órdenes de restricción que les impiden acercarse a la intendenta o a la directora del hospital.
Otros vecinos afirmaron haber sido incluidos en las causas por el solo hecho de integrar un grupo de WhatsApp en el que se discutía la gestión municipal y se expresaban críticas, sin emitir amenazas ni promover desórdenes públicos. Según trascendió, en esos grupos habría habido infiltrados allegados al municipio, quienes recopilaron datos personales y números telefónicos de los participantes.
“No se puede denunciar a mansalva para entorpecer el derecho de las personas a manifestarse”, advirtió Eiskman, y adelantó que el Concejo citará al jefe de la comisaría local para que brinde explicaciones sobre el accionar policial.
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Restricciones sin plazo y notificaciones irregulares
Los abogados que acompañaron a los vecinos señalaron que las órdenes de restricción presentan graves falencias legales, ya que no establecen plazos de finalización y prohíben el acceso a edificios públicos, como el municipio o el hospital.
Esta situación, indicaron, dificulta incluso el acceso a la atención médica, ya que el centro de salud es dirigido por una de las denunciantes. Además, denunciaron que las notificaciones fueron entregadas en días no hábiles y en horarios nocturnos, con la participación de una cantidad inusual de personal policial.
Eiskman sostuvo que el cuerpo deliberativo buscará “claridad y transparencia” en el proceso judicial y que acompañará a los vecinos en su reclamo por respeto a las garantías constitucionales.
“Vamos a pedir informes y explicaciones sobre estas actuaciones que parecen, cuanto menos, irregulares”, concluyó el presidente del Concejo.
Concejales de Santa Ana pidieron a intendenta informes sobre gastos e ingresos municipales https://t.co/7D4mNnLLyX pic.twitter.com/8M4RA51397
— Radio Up 95.5 (@radioup955) October 7, 2025