Lo planteó la secretaria general del Semab, Mariana Lescaffette, quien reveló que ya presentaron un amparo administrativo ante el Consejo, y de no haber respuestas, acudirán a la Justicia. Hubo protestas en distintas escuelas de la provincia por las medidas que limitan las suplencias, donde además, los docentes cuestionaron los acomodos de funcionarios y docentes con 3 cargos en simultáneo.
Este martes, referentes del Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo, integrante de la CEA (Confederación de Educadores Argentinos) llevó adelante una jornada de lucha y concientización en distintas escuelas de la provincia, donde se están cerrando cursos por supuesta falta de alumnos y se está despidiendo a suplentes a interinos, en el marco de las resoluciones 241/24 y 271/24 del Consejo General de Educación.
En diálogo con el portal www.radioup.com.ar, la secretaria general del Semab, Mariana Lescaffette, consideró que estas medidas equivalen al ajuste y al “DNU misionero”, que implica un “cierre de cargos a mansalva, para acomodar amigos y parientes” por medio del traslado de los cargos a nuevos institutos educativos de reciente creación y dudoso funcionamiento. Además, Lescaffette subrayó que los cierres de cursos que se están concretando, no obedecen a lo que establece el Estatuto Docente y la Constitución Provincial, por lo que acudirán a la Justicia, de ser necesario, para retrotraer las medidas.
“Estuvimos estado de asamblea en distintas escuelas, manifestándonos en el territorio de la escuela, o aclarando, o planteando para generar la conciencia colectiva de la defensa de nuestra fuente laboral. Y más que nada, que también necesitamos un salario digno, pero si no tenemos trabajo no vamos a tener salarios”, confió Lescaffette a este medio, sobre las acciones realizadas este martes en escuelas y en el CGE, contra la resolución 241/24, que, entre otras cosas, limita las suplencias al establecer que deben pasar 15 días hábiles (tres semanas) como mínimo para asignar suplencias.
“La resolución 241/24, incluso la 271/24, que son para los directivos, representan situaciones que serían para decirlo sintéticamente el DNU provincial respecto del despido de gente suplente que no corresponde y de cesantía en base a cierre de cursos. En realidad, en algunos casos, con el argumento que no hay alumnos, pero también acomodan, tanto para llevar los cargos o dejar sin recursos a la escuela pública”, denunció Lescaffette apuntando también a la resolución 271/24 por la que, a partir de marzo, se agregaron 433 instituciones educativas de nivel primario de todas las modalidades,
De acuerdo con Lescaffette, ya presentaron un amparo ante el CGE y acudirán a la Justicia, en caso de proseguir el proceso de cierre de cursos, por fuera de lo que establece el Estatuto Docente. “Es cuestión (el cierre de cursos por resoluciones) es la que nosotros estamos planteando que no se puede avalar de ninguna manera. Hemos presentado un recurso de amparo administrativo ante el Consejo. Tienen que pasar 10 días hábiles para después, si no hay respuesta a ir a otra instancia”, comentó la dirigente del Semab.
“Pero más allá de la instancia legal y administrativa, lo que estamos planteando es un escenario de debate y de conciencia colectiva sobre los alcances de esas resoluciones que van a afectar gravemente la estabilidad y abre la puerta directamente desconocer el estatuto docente”, advirtió Lescaffette, quien no dudó en señalar que “con esas resoluciones se viola la constitución, se viola el estatuto”.
En esta línea, Lescaffette explicó cómo serían las maniobras del CGE para cerrar cursos y trasladar cargos a instituciones educativas recientemente creadas en el marco de la resolución 271/24. “Sacan resoluciones en el marco una supuesta falta de matrícula, con lo que se hace también responsable el mismo Consejo, que saca esta resolución, como si fuera que ahora se dio cuenta (de la falta de alumnos) Cuando en realidad, el ajuste no lo viene haciendo nunca porque se han creado en otros lugares cargos para acomodar amigos, parientes demás, que tienen que ver con institutos que se están formando por allá por (el barrio) Itaembé Guazú (en Posadas)”, fustigó Lescaffette, apuntando específicamente a determinados institutos que “bloquean” cargos.
“Ellos (por el CGE) dicen, el bloqueo de cargo no existe legalmente, pero ellos lo denominan así porque directamente cuando alguien se jubila y está una suplente en ese lugar dando las clases y con matrícula incluso, llevan los cargos (a otros establecimientos) sin avisar al directivo ni nada. Y desaparece el cargo de la escuela”, denunció Lescaffette sobre un proceso de vaciamiento de escuelas, en perjuicio de docentes misioneros, en especial, los que no militan en la agrupación oficialista Adomis.
Estas maniobras, de acuerdo con Lescaffette, representan “un atentado violento a la estabilidad laboral, al Estatuto Docente y a las normas laborales del docente, que están regidas incluso por la Constitución provincial. En el artículo 43 y 47 está normado constitucionalmente que el Estatuto Docente es el que debe regular (la actividad), no una disposición o una resolución en este caso, que no está acorde a la normativa que precede a ese instrumento legal”, fundamentó la docente.
“Entonces, el ajuste y el DNU misionero es este: la (resolución) 241 y la (resolución) 271. Es decir, a mansalva cerrar cargos para acomodar amigos y parientes que mandan a otros lugares”, bramó Lescaffette, vinculando la limitación de las suplencias, el cierre irregular de cursos y el traslado de cargos, con el uso de las horas docentes como “bolsa de trabajo” para familiares y allegados de funcionarios y, para militantes del partido gobernante en Misiones.
