Los presidentes argentinos de los últimos treinta años han tenido sus tropiezos y comentarios desafortunados al momento de gobernar. Algunos los atribuyen a la presión del cargo, otros a una mala asesoría y algunos, simplemente, a que el ejercicio del poder termina blindando el corazón y congelando las buenas expresiones. Pero más allá de las palabras, hay una pregunta que merece nuestra atención: ¿qué nos dicen esas declaraciones sobre la manera en que quienes gobiernan interpretan la realidad del país?
En 2001, Fernando de la Rúa celebraba la posibilidad de dar “buenas noticias”, mientras la Argentina se encaminaba hacia una de las mayores crisis de su historia reciente. Eduardo Duhalde, en medio de otra etapa crítica, afirmaba que el país estaba “condenado al éxito”. Néstor Kirchner protagonizó su confrontación con los grandes medios con el célebre “¿Qué te pasa, Clarín?”.
Cristina Fernández de Kirchner dejó declaraciones controvertidas, como la que “vinculó la diabetes con un determinado poder adquisitivo”. Mauricio Macri habló de quienes tenían que “caer en la escuela pública”, mientras Alberto Fernández cuestionó “el desempeño del sistema sanitario durante la pandemia”.
Cada frase tuvo su contexto y sus particularidades. No fueron episodios idénticos, pero todos permiten discutir el peso de la palabra presidencial y la distancia que puede existir entre el discurso de quienes gobiernan y la realidad de los ciudadanos.

En ese recorrido llegamos a Javier Milei, acostumbrado a construir sus discursos alrededor de adversarios que, según su interpretación, obstaculizan su gestión. Los zurdos, las personas con discapacidad, las universidades y distintos sectores políticos, sociales y económicos aparecen en sus intervenciones como responsables de los problemas del Gobierno. A eso se suman sus denuncias sobre supuestos intentos de desestabilización, que deben analizarse a partir de los hechos y las pruebas disponibles, y no solamente de las interpretaciones presidenciales.
Esta semana, una nueva declaración reavivó la polémica. Al cuestionar a quienes sostienen que una parte importante de la población no llega a fin de mes, preguntó: “Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir diez días más sin comer ni beber?”. Luego calificó esa afirmación como “una pelotudez del tamaño de una casa”.

La confrontación escaló aún más cuando, durante la cena de la Fundación Faro, apuntó contra periodistas y afirmó que quienes consideraba responsables debían “quemarse en la hoguera”. No es un detalle menor: cuando el jefe del Estado utiliza semejante lenguaje contra quienes ejercen el periodismo, corresponde discutir qué clima público contribuye a construir y qué lugar les asigna a las voces críticas.
Sin embargo, a estas alturas, la polémica no debería agotarse en lo que dice el Presidente, sino extenderse a lo que hace como Presidente.
La construcción permanente de enemigos puede servir para cohesionar a los propios y encontrar explicaciones para las dificultades de una gestión. Pero esa estrategia tiene un límite; cuando la confrontación ocupa el centro de la escena, los problemas concretos de la sociedad quedan relegados. El protagonismo presidencial no puede confundirse con la solución de los problemas del país.
Cuando una familia se queda sin ingresos antes de terminar el mes, la pregunta no debería ser cómo hace para sobrevivir los días restantes, sino qué está ocurriendo con su capacidad de compra y qué necesita para cubrir sus necesidades básicas.

Las familias recurren a parientes, amigos y comedores comunitarios; postergan gastos, utilizan tarjetas de crédito o toman préstamos para afrontar consumos cotidianos. Estas estrategias pueden resolver una urgencia inmediata, pero no eliminan el problema; muchas veces trasladan la insuficiencia de ingresos al mes siguiente y profundizan el endeudamiento.
Mientras tanto, las dificultades para cubrir los gastos cotidianos, las filas en los hospitales, los estudiantes que interrumpen sus carreras y los trabajadores que pierden sus empleos son señales que requieren atención. Hay una decisión política elemental escuchar lo que ocurre fuera de los despachos oficiales.
Frente a esas urgencias, cabe preguntarse qué sentido tendría reelegir a un Presidente si la discusión pública continuara concentrada en sus agravios y enfrentamientos, mientras las familias buscan cómo llegar al próximo día de cobro. ¿Qué proyecto de país se construye cuando buena parte de la energía política se destina a identificar adversarios, en lugar de encontrar respuestas?

El interrogante adquiere otra dimensión cuando miramos desde las provincias. En Misiones, como en buena parte de la Argentina periférica, el desarrollo no puede pensarse al margen de la distribución de los recursos, la infraestructura, el empleo y la capacidad de agregar valor a la producción local. Tampoco podemos ignorar el riesgo de consolidar un modelo que concentre las decisiones y los beneficios en el centro del país, mientras las provincias aportan recursos naturales y productivos sin obtener oportunidades equivalentes para su población.
Por eso, el debate que necesitamos dar no consiste en descubrir cada semana un nuevo agravio presidencial ni en discutir exclusivamente sus viajes, premios o disputas con los periodistas. La discusión es qué país vamos a construir para quienes todavía esperan una oportunidad, cómo recuperamos la capacidad de compra de los ingresos y de qué manera enfrentamos el endeudamiento creciente de los hogares.

Las provincias también deben encontrar en este escenario un punto de inflexión. No alcanza con administrar las consecuencias de las decisiones nacionales ni con aceptar que el desarrollo se concentre allí donde históricamente se acumularon las oportunidades. Es necesario discutir qué modelo económico queremos, cómo se distribuyen sus beneficios y qué herramientas necesitan los gobiernos provinciales para generar empleo, fortalecer la producción y mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.
El Estado tiene responsabilidades que no puede abandonar: promover el desarrollo económico, buscar equilibrios sociales y garantizar la salud, la educación y la seguridad. Esto no significa desconocer sus problemas ni renunciar a discutir su eficiencia. Significa comprender que gobernar no es solamente reducir gastos o confrontar con adversarios; también es hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones y ofrecer respuestas a quienes no pueden esperar.
Las palabras presidenciales importan porque expresan una manera de mirar al otro y contribuyen a definir el clima en el que discutimos nuestro futuro. Pero importan todavía más cuando nos impiden ver aquello que debería ocupar el centro de cualquier gobierno; la vida cotidiana de la sociedad.
La Argentina no necesita elegir entre un presidente que habla con dureza y otro que habla con moderación. Necesita discutir qué hacen sus gobernantes con el poder que reciben, qué oportunidades generan y qué futuro construyen.
Porque la verdadera medida de una gestión no está en la cantidad de adversarios que consigue identificar ni en la contundencia de sus declaraciones, sino en su capacidad para mejorar la vida de los argentinos. Y las provincias no pueden resignarse a ser espectadoras de un modelo de desarrollo decidido lejos de sus necesidades.



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