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La denuncia por presunto abuso sexual contra el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, continúa su curso en la Justicia de Misiones mientras se desarrolla la etapa inicial de investigación. En medio de la repercusión pública del caso, la abogada de la denunciante, Liliana Rolón, brindó una breve entrevista radial en la que confirmó la existencia del proceso judicial pero optó por no realizar declaraciones sobre el contenido de la causa, argumentando la necesidad de preservar a la víctima y no interferir en la investigación.
Durante una entrevista concedida a Radio Up, la letrada sostuvo que la denuncia ya se encuentra en trámite ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, aunque insistió en que, por tratarse de un proceso reciente y sensible, los detalles deberán discutirse exclusivamente en el ámbito judicial.
“Comprendo el interés de la prensa, pero como profesional del derecho tengo que ser prudente y resguardar el proceso y a las partes involucradas”, explicó Rolón al ser consultada sobre el estado del expediente.
Una denuncia que investiga la Justicia de Puerto Rico
Según consta en la presentación judicial, la denuncia fue realizada por una empleada de 30 años del Honorable Concejo Deliberante de Caraguatay, quien acusó al jefe comunal de episodios de acoso sexual que habrían comenzado a mediados de 2024 y que, de acuerdo con su relato, habrían derivado en un presunto abuso ocurrido el 4 de septiembre del año pasado dentro del edificio del Concejo Deliberante.
La denuncia formal fue presentada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, lo que dio inicio a la investigación penal.
A partir de ese momento, el expediente quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, quien dispuso una serie de medidas preventivas de protección, entre ellas una prohibición de acercamiento entre el intendente y la denunciante.
Además, la Justicia fijó una audiencia de ratificación de la denuncia, instancia en la que la mujer podrá ampliar su testimonio y aportar nuevos datos, fechas o posibles testigos que respalden su relato.
La prudencia de la defensa y el resguardo de la víctima
Durante la entrevista radial, la abogada Liliana Rolón reiteró en varias oportunidades que, en esta etapa inicial, su prioridad es proteger la integridad y la intimidad de su clienta, por lo que evitó brindar información específica sobre los hechos denunciados.
“Es un tema sensible y delicado. En este tipo de casos es fundamental preservar la intimidad de la víctima”, expresó la letrada.
Ante las consultas sobre la fecha exacta de la presentación judicial y el encuadre de la denuncia, Rolón insistió en que la causa se encuentra en plena etapa de instrucción, por lo que consideró prudente limitar las declaraciones públicas.
“Todo lo que deba decirse corresponde hacerlo en el ámbito judicial”, señaló.
Una segunda denuncia por presuntas amenazas
En paralelo al expediente principal, la denunciante también habría presentado una segunda denuncia contra el intendente por presuntas amenazas.
De acuerdo con su relato ante la Justicia, el jefe comunal habría pasado frente a su domicilio y le habría dirigido un mensaje intimidante desde su vehículo, situación que también quedó incorporada al expediente y podría ser evaluada dentro del proceso.
La mujer sostuvo además que existen testigos que podrían respaldar los episodios denunciados, tanto en relación con los presuntos hechos de acoso como con el supuesto abuso.
Un caso con fuerte repercusión política e institucional
La investigación generó una fuerte repercusión debido a que el acusado es una figura pública de relevancia institucional, al desempeñarse como intendente de Caraguatay, una localidad del norte de Misiones.
En ese contexto, el caso adquiere también una dimensión institucional, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido dentro de un ámbito laboral y en dependencias del Concejo Deliberante.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, a la espera de la audiencia de ratificación de la denuncia y de las eventuales medidas que la Justicia pueda adoptar a partir de las pruebas y testimonios que se incorporen al expediente.
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