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Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión. También recibieron penas otros siete colaboradores del ex mandatario, investigados por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro condenado este jueves 11 de septiembre en Brasil
Los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin votaron a favor de la condena, mientras que el juez Luiz Fux se pronunció en parte por la absolución de algunos acusados. Entre los delitos imputados figuran organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave.
Ministro Alexandre de Moraes diz que o STF faz hoje a condenação dos mandantes da tentativa de golpe de Estado e com a corageem de não se curvar a ameaças e sanções nacionais e estrangeiras.
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— Fábio Felix ️ (@fabiofelixdf) September 11, 2025
Alexandre Ramagem, diputado federal en funciones, fue condenado únicamente por organización criminal armada, intento de abolición del Estado y golpe de Estado, beneficiándose de la suspensión parcial de los cargos. Por su parte, Mauro Cid y el general Braga Netto recibieron condenas solo por intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.
La magistrada Carmen Lúcia destacó que los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso y el Palacio de Planalto, no fueron “acontecimientos banales” y constituyen pruebas concluyentes de la participación del expresidente y sus aliados en un plan sistemático para socavar la democracia.
El juez Cristiano Zanin subrayó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República demostraron que Bolsonaro y su grupo, integrado por figuras clave del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, intentaron interrumpir la alternancia democrática y afectar el funcionamiento de los poderes constituidos, especialmente el Judicial.
El fallo histórico del STF refuerza la vigencia de la Ley 14.197/21, que define los crímenes contra la democracia en Brasil, y marca un precedente en la defensa del Estado Democrático de Derecho frente a intentos de golpes institucionales.