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La Cámara en lo Civil y Comercial Federal decidió eximir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de abonar los $22.300 millones que se le reclamaban en el marco de la causa Vialidad, en un fallo que ya generó impacto político y jurídico.
La resolución, dictada por la Sala II con un voto dividido, concluyó que no existen pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad patrimonial a la ex mandataria y que, en ausencia de una sentencia penal firme, no corresponde aplicar una condena civil de tal magnitud.
Desde el kirchnerismo celebraron el fallo y denunciaron nuevamente el lawfare, mientras que sectores de la oposición criticaron la medida y la calificaron como un mensaje de impunidad.
Especialistas en derecho recordaron que las demandas civiles contra exfuncionarios son excepcionales y requieren de una condena penal previa para sostenerse.
Aunque Cristina Kirchner logró este alivio económico, su frente judicial permanece abierto: la causa Vialidad continúa y siguen en curso otros expedientes con diferentes niveles de avance.
En el plano político, la decisión judicial podría fortalecer la imagen de Cristina Kirchner entre sus seguidores y reactivar el debate sobre una reforma del sistema judicial, una de las banderas del oficialismo.
El fallo reaviva la discusión sobre los límites de la responsabilidad civil de los exfuncionarios, un tema que vuelve al centro de la agenda pública.
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