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La expresidenta Cristina Kirchner formalizó este martes una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la revisión de la condena dictada en la causa Vialidad. El planteo fue realizado por sus abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes incorporaron nueva evidencia al expediente.
La exmandataria fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por su defensa y ratificara la condena.
Los letrados sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales y buscan que el organismo internacional analice el caso. El objetivo de la defensa es que el planteo pueda ser tratado durante la próxima sesión del Comité, prevista para octubre.
El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron. Sus pronunciamientos no son vinculantes, aunque pueden ser considerados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
La nueva evidencia presentada por la defensa
Uno de los principales elementos incorporados por los abogados es una planilla con información sobre la distribución de fondos destinados a obras públicas, que surgió durante el juicio conocido como Cuadernos.
Según explicó Beraldi en una conferencia de prensa realizada el 15 de septiembre, el documento permitió analizar la totalidad de los fondos administrados a través del fideicomiso durante el período correspondiente a las presidencias de Cristina Kirchner. La defensa sostiene que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron menos del 1% de esos recursos.
“Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, sostuvo Beraldi.
A partir de ese análisis, el abogado afirmó: “Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”.
También agregó que “sus empresas estaban en lugares muy relegados” dentro de la distribución de los fondos y que las compañías que ocupaban los primeros lugares no tenían relación con el gobierno de ese momento.
La información difundida por la defensa señala que un análisis posterior ubicó en 0,85% la participación del Grupo Austral en los recursos distribuidos, equivalente a unos US$ 18,6 millones. Ese dato es presentado por los abogados como un elemento que, a su criterio, cuestiona uno de los fundamentos utilizados en la condena.
La defensa incorporó estos elementos a su presentación ante el organismo internacional, mientras que también planteó la posibilidad de recurrir posteriormente ante la Justicia argentina para solicitar una revisión de la sentencia.
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El planteo ante Naciones Unidas
El reclamo de los abogados sostiene que el proceso judicial vulneró garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y busca que el Comité analice la situación de la expresidenta.
La presentación apunta especialmente contra las consecuencias de la sentencia, entre ellas la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que actualmente impide a Cristina Kirchner presentarse a elecciones.
De acuerdo con la defensa, la incorporación de la nueva evidencia busca aportar elementos que no habían sido considerados durante el proceso y sustentar el pedido de revisión de la condena.
La próxima instancia para el planteo será la evaluación de la presentación por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, mientras los abogados de la expresidenta esperan que el caso pueda ser incluido en la agenda de la sesión prevista para octubre.
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