//
La situación de las personas con discapacidad en Misiones atraviesa un momento crítico. Así lo expresó Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), durante una entrevista en Radio Up, donde describió un escenario marcado por demoras en prestaciones, falta de financiamiento y una creciente presión sobre el sistema público.
En un contexto económico complejo, Antúnez puso el foco en las dificultades que enfrentan las familias, especialmente aquellas que dependen del programa federal Incluir Salud, destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas. “Hoy hay familias que no llegan a fin de mes y no pueden pagar ni una medicación básica, mucho menos tratamientos de alto costo”, señaló.
Medicación inaccesible y demoras en Incluir Salud
Uno de los ejes más preocupantes es el acceso a medicación de alto costo, cuyos valores pueden oscilar entre los 11 y los 100 millones de pesos. Estos tratamientos, que deberían ser cubiertos por el programa nacional, registran retrasos significativos en su entrega, lo que coloca a los pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad.
La problemática no se limita a los medicamentos. Antúnez detalló que existen demoras en pagos a prestadores, afectando servicios clave como transporte, terapias, provisión de sillas de ruedas, pañales y otras ayudas técnicas. “Hoy los prestadores nos dicen ‘no puedo más’. Estamos en una situación de emergencia”, advirtió.
Reclamos formales y falta de respuestas estructurales
Desde el COPRODIS, la provincia ha elevado múltiples reclamos ante el Consejo Federal de Discapacidad y organismos nacionales. Incluso se han presentado expedientes específicos para acelerar pagos atrasados, aunque las respuestas no siempre llegan con la urgencia requerida.
En este sentido, Antúnez cuestionó los cambios administrativos a nivel nacional, particularmente la reorganización del área de discapacidad. Según explicó, la integración de la Agencia Nacional de Discapacidad dentro de la órbita ministerial generó una mayor burocratización de los procesos, lo que ralentiza la gestión de expedientes.
“El camino para destrabar un trámite hoy es larguísimo. Antes había demoras, pero se resolvían. Ahora todo depende de múltiples instancias, incluso del Ministerio de Economía”, explicó.
Provincia en rol de contención ante el vacío nacional
Frente a este panorama, el Gobierno de Misiones asumió un rol activo para sostener prestaciones esenciales, cubriendo parcialmente medicamentos y servicios que deberían garantizarse desde Nación.
Sin embargo, Antúnez fue clara: “Hay cuestiones que requieren un abordaje a largo plazo y la Nación no puede desentenderse de sus obligaciones”. En ese marco, recordó que existen tratados internacionales, leyes nacionales y convenciones vigentes que obligan al Estado a garantizar derechos básicos a las personas con discapacidad.
Presión sobre el sistema público y colapso de la demanda
Otro de los efectos visibles de esta crisis es el colapso del sistema público de salud. La pérdida de cobertura y las fallas en programas nacionales derivan en una mayor demanda en hospitales y centros de atención estatales.
“Hoy tenemos un aumento de la demanda en todos los ámbitos públicos. Personas que se quedan sin obra social recurren al hospital, y los especialistas disponibles son los mismos que necesitan las personas con discapacidad”, explicó Antúnez.
El transporte gratuito para personas con discapacidad también se ve afectado. Ante la retirada de subsidios nacionales, empresas y municipios debieron asumir costos para sostener el servicio. En ciudades como Eldorado, por ejemplo, se destinan millones de pesos anuales para garantizar este derecho.
A su vez, la provincia articula con organismos como los ministerios de Salud y Desarrollo Social para brindar asistencia alimentaria y cobertura básica, aunque con recursos limitados y sin planificación previa.
Un sistema sin previsibilidad
Uno de los puntos más críticos señalados por Antúnez es la falta de previsibilidad. “La Nación puede decidir de un día para otro dejar de prestar un servicio, y la provincia tiene que salir a cubrir ese vacío sin haberlo previsto en su presupuesto”, sostuvo.
El impacto económico es contundente: solo la cobertura de medicación de alto costo para unos 360 pacientes implicaría alrededor de 4.000 millones de pesos anuales, una cifra que excede ampliamente las capacidades provinciales.
La necesidad de corresponsabilidad
Finalmente, la titular del COPRODIS insistió en la necesidad de una articulación real entre Nación y Provincia, basada en la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos asumidos.
“Los recursos destinados a Misiones deben llegar. Hay personas que hace más de diez años dependen de estos programas. No podemos dejar de acompañarlas”, concluyó.
Sigue el paro de colectivos en Posadas y Oberá: sin pago de salarios, no hay servicio https://t.co/eUP4QVADug
— Radio Up 95.5 (@radioup955) April 10, 2026
