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El costo fiscal del proyecto de ley para atender la discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría ascendería al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2027 y al 0,07% en 2028, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
De acuerdo con el organismo, el impacto presupuestario alcanzaría los $598.912 millones durante 2027 y $1.209.567 millones en 2028. La diferencia entre ambos períodos responde a dos escenarios: uno que contempla la incorporación gradual de nuevos titulares durante el primer año de vigencia y otro que proyecta un año completo con la totalidad de los beneficiarios incorporados desde el inicio del ejercicio siguiente.
La estimación cobra relevancia en el marco de la estrategia del Gobierno para atenuar el impacto de las medidas sobre las cuentas públicas y sostener el superávit fiscal. En ese contexto, el oficialismo busca reunir argumentos para convencer a sectores aliados de que no aporten quórum a la sesión prevista para el 15 de octubre, en la que también se pretende voltear el DNU 70.
Cómo se calculó el impacto presupuestario
El informe de la OPC, procesado por Agencia Noticias Argentinas, señala que el universo de potenciales incorporaciones se calculó a partir de las personas de entre 18 y 64 años que tienen vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero que actualmente no perciben una pensión por invalidez laboral. Para estimar el alcance de la iniciativa, se aplicó un límite de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
El organismo precisó que el cálculo contempla exclusivamente el esfuerzo financiero incremental que generaría la nueva normativa. Por ese motivo, no incluye las erogaciones que el Estado nacional ya realiza para pagar las pensiones no contributivas por invalidez laboral a sus actuales titulares, que ascienden a 1.141.486 personas.
Según la OPC, el gasto previsto para 2027 representaría un incremento del 6,1% respecto del total destinado a pensiones no contributivas contemplado en el proyecto de Presupuesto de ese año.
La cobertura médica y las obligaciones con prestadores
El documento también analiza las necesidades de cobertura médica vinculadas con los nuevos beneficiarios. En ese sentido, estima que unos 76.000 titulares podrían requerir atención a través del Plan Federal Incluir Salud, aunque no cuantifica el costo adicional debido a la variabilidad en el uso de los servicios y a la posible superposición con el sistema público sanitario.
La oficina técnica sostuvo que la incorporación de esas personas al programa implicaría, fundamentalmente, un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, con un traslado de parte de las erogaciones desde los niveles subnacionales hacia el Estado nacional.
En cuanto a las obligaciones con los prestadores, el informe indicó que el dictamen mantiene una obligación financiera preexistente y pendiente de ejecución. Se trata de una compensación por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, cuyo valor de referencia había sido estimado en $278.323 millones.
La OPC aclaró que la iniciativa no generaría un gasto adicional por ese concepto, ya que la obligación estaba establecida en el marco vigente. El monto definitivo dependerá de las acreencias que sean verificadas mediante el procedimiento previsto en el Decreto 84/2026.
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Las reservas previstas en el Presupuesto 2027
Por último, el organismo identificó partidas contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027 que podrían respaldar las erogaciones previstas por la iniciativa.
En materia previsional, el proyecto incluye una reserva de $3.660.978 millones, equivalente al 0,26% del PBI, para afrontar mayores gastos en jubilaciones y pensiones. De acuerdo con la estimación de la OPC, el escenario de incorporación gradual de beneficiarios absorbería el 16,4% de esos recursos.
Además, el presupuesto prevé $1.324.523 millones, equivalentes al 0,09% del PBI, para transferencias del área de salud. Esos fondos formarían parte de los recursos disponibles para respaldar las erogaciones contempladas en la normativa bajo análisis.
La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU de Milei https://t.co/yM6stS40Zg https://t.co/333RwmfXqU
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