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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso actualizado de aproximadamente $684.990 millones en el marco de la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otros ex funcionarios condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El máximo tribunal rechazó por inadmisibles los recursos presentados por las defensas, entre ellos los cuestionamientos contra el mecanismo de actualización del monto y contra la competencia del tribunal encargado de ejecutar la medida. De esta forma, quedó confirmado el valor definitivo del decomiso que deberá ser afrontado de manera solidaria por los condenados.
La decisión fue adoptada por los jueces de la Corte, quienes aplicaron criterios de inadmisibilidad procesal para desestimar las presentaciones, cerrando así la discusión judicial sobre esta etapa del expediente.
Cómo se actualizó el monto del decomiso
El Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado inicialmente un decomiso superior a los 84 mil millones de pesos en la sentencia condenatoria, con la indicación de que debía ser actualizado una vez que el fallo quedara firme.
Posteriormente, con la intervención de peritos contables oficiales y de las partes, se determinó la actualización del monto tomando como referencia la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el organismo estadístico nacional entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado llevó la cifra final a casi 685 mil millones de pesos.
Antecedentes de la causa Vialidad
La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. En el juicio oral, el tribunal condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, además de imponerle inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
También fueron condenados Lázaro Báez, ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y otros ex integrantes del área de obras públicas. En etapas posteriores, distintas instancias judiciales revisaron y confirmaron las condenas, que finalmente quedaron firmes.
Repercusiones del fallo
Con la resolución de la Corte, queda cerrado el debate sobre la validez del monto actualizado del decomiso, lo que habilita la ejecución de la medida patrimonial sobre los bienes de los condenados. La decisión se inscribe en la etapa final del proceso judicial, luego de años de tramitación y revisiones en distintas instancias del sistema judicial federal.
El fallo marca un punto clave en una de las causas de corrupción más relevantes de los últimos años en el país, al consolidar tanto las condenas como la obligación económica derivada de la sentencia.
