El fuerte conflicto generado por los descuentos “drásticos” aplicados a docentes en Corrientes derivó en la primera crisis política del gabinete provincial. En las últimas horas se confirmó la renuncia de Marcelo Rivas Piasentini al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, área clave señalada como responsable de las liquidaciones que provocaron recortes de hasta $800.000 en salarios.

El ahora exfuncionario, con una extensa trayectoria técnica y al mando de Hacienda desde 2018, quedó en el centro de la polémica luego de que cientos de docentes denunciaran haberes netos de “cero pesos” en sus recibos correspondientes a marzo. La situación generó un fuerte malestar social y sindical.

Los gremios docentes calificaron la medida como “ilegal y confiscatoria”, lo que impulsó una ola de protestas autoconvocadas en distintos puntos de la provincia. Durante cuatro días consecutivos, las manifestaciones marcaron el pulso del conflicto y presionaron directamente al gobernador Juan Pablo Valdés para introducir cambios en su equipo.

El trasfondo técnico del conflicto radica en la aplicación de descuentos vinculados al Código 193 y, especialmente, al Código 632 (Complemento Docente Provincial). Este último fue establecido mediante el Decreto 355/24 con el objetivo de compensar la eliminación del FONID nacional, aunque en la práctica se transformó en un mecanismo de presentismo estricto.

Presuntos descuentos, en el ojo de la tormenta en Corrientes

Según denunciaron los sindicatos, el sistema aplicó descuentos desproporcionados incluso por un solo día de adhesión al paro nacional del pasado 2 de marzo, con quitas que oscilaron entre $300.000 y $800.000. Esto provocó un impacto directo en las cuentas de los trabajadores, en un contexto económico sensible y en la antesala de Semana Santa.

Antes de que se confirmara la salida de Rivas Piasentini, el propio gobernador ya había anticipado posibles modificaciones en su gabinete. “Vamos a estar haciendo el anuncio correspondiente en caso de que suceda”, declaró Valdés, dejando abierta la puerta a una reconfiguración interna a poco más de 90 días de gestión.

En medio de la crisis, la ministra de Educación, Ana Miño, también apuntada por las protestas —incluidas marchas frente a su domicilio—, continúa en su cargo, aunque su situación es observada de cerca por los sectores en conflicto.

Ahora, el gobierno provincial deberá avanzar rápidamente en la designación de un nuevo ministro de Hacienda, quien tendrá como desafío inmediato reordenar el sistema de liquidaciones salariales y contener un conflicto que escaló a niveles políticos críticos.

La crisis deja en evidencia no solo el impacto de las decisiones administrativas en el tejido social, sino también la fragilidad política de una gestión reciente frente a medidas que afectan directamente a uno de los sectores más sensibles: la docencia.