El Gobierno nacional dispuso la suspensión y apertura de un sumario administrativo a 196 cooperativas de trabajo constituidas entre 2021 y 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), debido a presuntas irregularidades en su constitución.
Según el informe oficial, en todas estas cooperativas al menos uno de sus socios fundadores también creó como mínimo otras cuatro cooperativas en el mismo período, lo que genera sospechas sobre su viabilidad real. De las 196 cooperativas bajo investigación, 158 fueron conformadas con entre 3 y 5 integrantes, el mínimo permitido por una normativa de 2021, modificada en 2024 por el INAES para eliminar esa posibilidad.
El Ministerio de Capital Humano detalló que en algunos casos detectados, «dos personas habían constituido 14 cooperativas». En los argumentos esgrimidos por INAES, se remarca que «la constitución de una cooperativa tiene por objeto brindar ocupación a sus asociados, quienes perciben por ese concepto una contraprestación, siendo su aporte principal la fuerza de trabajo». Sin embargo, la existencia de múltiples cooperativas creadas por las mismas personas en lugares distantes entre sí «supone un alto grado de certeza de que fácticamente resultaran inviables».
Según el informe oficial, esto sugiere que «las personas que constituyeron múltiples cooperativas de trabajo no lo hicieron a fin de tener trabajo, sino que pudieron desvirtuar la figura de la cooperativa».
Dentro de este esquema, el Ministerio de Capital Humano señaló específicamente a Emilce Aguirre, cuyo hermano, Matías Aguirre, se presenta en sus redes sociales como concejal de Berazategui. En este sentido, la vinculación del Movimiento Evita con las cooperativas suspendidas también fue destacada en el comunicado oficial, que indicó que «cuatro cooperativas fundadas por Emilce Aguirre tienen como domicilio social un local del Movimiento Evita ubicado en Berazategui».
La medida adoptada por el INAES forma parte de un plan de revisión de la estructura cooperativa en el país, con el objetivo de evitar el uso indebido de estas figuras jurídicas y garantizar que cumplan con su función de generar empleo genuino.
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Fuente: (Noticias Argentinas)
