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La Justicia Federal con sede en la provincia de Corrientes, confirmó el procesamiento del exjuez federal Carlos Soto Dávila. “Es una causa de muy larga data que se ha ido postergando por las incidencias que tuvo el expediente”, explicó el periodista correntino Juan Manuel Laprovitta, quien agregó: “Esta resolución es de este mediodía, firmada por la jueza subrogante Belén López Macé”.
En diálogo con Radio Up, Laprovitta detalló que la causa se inició tras la denuncia de la Fiscalía Federal, que detectó que al menos diez autos de alta gama que habían sido secuestrados al empresario posadeño Roberto Rodríguez —condenado a 13 años de prisión— terminaron en manos de particulares a través de maniobras ilegales.
“Estamos hablando de una decena de automóviles, entre ellos Mercedes Benz, Toyota Hilux, un Bora y un Volvo, que salieron de la órbita de la justicia a partir de certificaciones falsas y con la firma del juez”, explicó Laprovitta. Uno de los vehículos, según indicó, fue luego hallado en el Chaco con cocaína en su interior, lo que agrava aún más la sospecha de conexión con redes delictivas.
Los procesamientos incluyen, además de Soto Dávila, a sus exsecretarios Federico Grau y Pablo Molina, al exactuario Zacarías Isolio, y al abogado Duilio “Julio” Barbosa Galeano. Todos ellos, recordó Laprovitta, ya habían sido condenados en el marco de la causa por coimas del Operativo Sapucay.
“Esto agrava su cuadro procesal”, señaló el periodista sobre Soto Dávila, quien ya tiene una condena firme a 12 años de prisión por ser considerado jefe de una organización que cobraba sobornos a narcotraficantes. La pena fue ratificada en febrero por la Cámara de Casación Penal, y la única instancia que le resta es la Corte Suprema.
En cuanto a los nuevos procesamientos, Laprovitta detalló que fueron dictados sin prisión preventiva, ya que “según la jueza, no hay riesgo de fuga ni antecedentes de incumplimientos con la justicia”. No obstante, remarcó la gravedad institucional del caso: “Estamos hablando de funcionarios de alto rango judicial que maniobraban bienes bajo custodia del Estado. Esto tiene un fuerte impacto en la credibilidad de las instituciones en Corrientes”.
Consultado sobre la reacción social, el periodista consideró que si bien la noticia es reciente, genera un nuevo golpe al sistema judicial de la provincia. “Este caso comenzó incluso antes que el del Operativo Sapucay. Si se ha dilatado hasta ahora fue por la incidencia que tenía Soto Dávila, no solo por sus contactos, sino también por las estrategias de su defensa”, concluyó.
Te dejamos la entrevista:
