La disputa judicial entre Refres Now SA, la empresa fabricante de la popular bebida Manaos, y un ex empleado de su filial en San Rafael, Mendoza, ingresó en su etapa final luego de que la compañía presentara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de la firma es anular o reducir una condena laboral que supera los $800 millones, una cifra que convirtió al caso en uno de los litigios laborales más relevantes de los últimos años.

El conflicto se originó tras la desvinculación de un viajante de comercio, quien denunció haber sido víctima de fraude laboral durante su relación con la empresa. El trabajador sostuvo que su situación contractual fue modificada de manera irregular para alterar su encuadre laboral y sindical.

En una primera instancia judicial, la indemnización fijada por los tribunales alcanzó un monto cercano a los $1.500 millones. Esa cifra surgía de la suma de la compensación por despido, diversas multas laborales y la actualización por intereses acumulados desde abril de 2025.

Posteriormente, tras la apelación presentada por la empresa, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó el fallo. Si bien el máximo tribunal provincial confirmó que existieron irregularidades en la relación laboral, decidió modificar la fórmula utilizada para calcular los intereses, lo que redujo el monto total de la condena.

De esa manera, la cifra final quedó fijada en $807.676.293,72, un monto que hasta el momento no fue abonado, debido a que el proceso judicial continúa abierto mientras se analiza el recurso presentado por la compañía.

Uno de los puntos centrales del litigio es un acuerdo firmado en 2018 ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en la ciudad de Buenos Aires. En ese convenio, la empresa abonó $236.000 al trabajador en concepto de liquidación final, lo que, según la defensa, cerraba definitivamente el vínculo laboral.

La postura de la empresa sostiene que dicho acuerdo conciliatorio fue legal, que fue homologado por la autoridad laboral y que por lo tanto debería considerarse cosa juzgada, es decir, un asunto ya resuelto que no puede volver a discutirse judicialmente.

Sin embargo, tanto la Cámara Laboral como la Suprema Corte de Justicia de Mendoza interpretaron que ese convenio fue utilizado para simular un despido y modificar el encuadre sindical del trabajador, quien en realidad continuó prestando servicios para la empresa durante cuatro años más bajo un régimen diferente.

A partir de esa interpretación, los jueces consideraron que el acuerdo había sido utilizado como parte de una maniobra de fraude laboral. Por ese motivo, resolvieron declarar la nulidad del convenio firmado en el SECLO y confirmaron la responsabilidad de la empresa.

El abogado de la compañía, Diego Díaz, explicó que el recurso presentado ante la Corte Suprema se basa en dos ejes principales. El primero es la discusión sobre la validez del acuerdo conciliatorio homologado, mientras que el segundo apunta a la reducción de la tasa de interés aplicada en la condena.

Según el letrado, el fallo provincial afecta el derecho de propiedad de la empresa y podría generar inseguridad jurídica para otras compañías que recurren a acuerdos laborales homologados como mecanismo para resolver conflictos con empleados.

Además, la firma solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia, ya que el fallo establece que la empresa debe depositar la suma dentro de cinco días hábiles una vez que la resolución quede firme. Si ese pedido no prospera, la compañía podría quedar en situación de incumplimiento.

Ahora, el futuro del expediente queda en manos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán evaluar si el caso reúne los requisitos procesales necesarios para que el máximo tribunal lo revise.

El litigio entre Refres Now SA y el ex viajante de comercio mendocino se transformó en un caso de alto impacto dentro del derecho laboral argentino, tanto por el monto millonario de la indemnización como por el debate jurídico sobre la validez de los acuerdos conciliatorios firmados ante el SECLO.

La decisión final de la Corte Suprema será determinante para establecer si la empresa deberá afrontar definitivamente la indemnización de más de $800 millones o si el fallo será revisado y eventualmente modificado.