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La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas volvió a encender señales de alerta luego de que la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) informara que los concursos preventivos crecieron más de un 130% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el último año. La organización aseguró que el fenómeno refleja un deterioro acelerado de la economía real y pidió al Gobierno nacional y al Congreso medidas urgentes para evitar una ola masiva de cierres y pérdida de puestos de trabajo.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, sostuvo que el escenario actual podría incluso superar los niveles críticos registrados durante la pandemia y advirtió que el 2026 podría convertirse en uno de los peores años para el sector productivo. En ese marco, reclamó una intervención inmediata del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.
“Habíamos proyectado el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo de deterioro económico demuestra que la situación es aún más grave”, señaló Rosato al referirse al incremento de empresas que recurren a concursos preventivos para intentar evitar la quiebra. Según afirmó, los números difundidos corresponden únicamente a CABA y todavía falta conocer el impacto completo en el resto del país.
Desde IPA remarcaron además que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas en todo el territorio nacional. El informe elaborado por el área legal de la entidad también indicó que 327.813 trabajadores dejaron de contar con cobertura del sistema de riesgos del trabajo como consecuencia directa de la desaparición de unidades productivas.
El documento presentado por la organización empresarial alertó sobre un fuerte proceso de desinversión y aseguró que la crisis derivó en una pérdida neta de inversión extranjera directa, algo que calificaron como un hecho “histórico y sin precedentes” en las últimas dos décadas. En paralelo, indicaron que varias multinacionales abandonaron el país, mientras que numerosas firmas nacionales comenzaron a reconvertirse en importadoras para sobrevivir al contexto de apertura económica y dólar bajo.
IPA insistió en la necesidad de aprobar una ley de emergencia económica que otorgue herramientas financieras y judiciales a las pymes para sostener su actividad. Según explicaron, el objetivo es permitir que las empresas recuperen capital de trabajo y logren equilibrar nuevamente ingresos y costos de producción.
Finalmente, la entidad sostuvo que cualquier medida de alivio deberá ir acompañada por un cambio en las condiciones macroeconómicas. En ese sentido, consideraron indispensable recuperar el mercado interno, el consumo y el poder adquisitivo para reactivar la producción y el empleo.
