Con la representación legal del abogado Fernando Martín Kornuta como apoderado, la conducción del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Misiones (PJ) que encabezan Myrian Comparin y Alberto Arrúa solicitó a la Justicia Federal con competencia electoral de Posadas la nulidad de la intervención decidida por el orden nacional.
En el escrito judicial que deberá atender la jueza federal, María Verónica Skanata, afirmaron que «El PJ Distrito Misiones se encuentra actualmente funcionando con absoluta normalidad, con todos los órganos perfectamente constituidos con sus estados contables, presentaciones judiciales y órganos administrativos al día, autoridades con mandato vigente conforme decisión democrática de los órganos internos del partido y control de legalidad que ejerce».
Kornuta sostuvo en la presentación que, desde la presidencia nacional de Cristina Fernández de Kirchner, la conducción intervenida sufrió «una embestida mediática que ha querido no solo cercenar la Institucionalidad de los órganos elegidos oportunamente y conforme la carta orgánica, sino el buen nombre y honor de las autoridades del Distrito».
Recordaron el fallido Congreso provincial donde se designaron autoridades sin cumplir las exigencias legales hasta llegar a la reciente interna donde CFK llegó al poder partidario por la renuncia del gobernador riojano, Quintela. «La intención ha sido siempre obturar el funcionamiento del partido por el solo hecho de que las autoridades han apoyado la lista opositora a la actual conducción del partido en el orden nacional, lista Federales, un Grito de Corazón, encabezada por Ricardo Quintela», afirmaron.
Los intervenidos aseguraron que a pesar de las noticias, «no existió comunicación formal ni informal de ninguna naturaleza por parte de las autoridades partidarias nacionales en relación al contenido de la decisión, menos aún de los fundamentos y los alcances de la misma. No se explicitó la duración de la ni menos aún se indicó en uso de que facultades se dispuso la medida», denunciaron.
«Lamentablemente estamos ante actos jurídicos nulos o inexistentes que afectan el derecho de defensa y la vida democrática del partido justicialista en su conjunto», sentenciaron al momento de plantearon la nulidad de la intervención que ejercen Gustavo Arrieta y Máximo Rodriguez a pedido de Cristina Fernández de Kirchner.
En el pedido a la jueza Skanata insistieron en reiteradas oportunidades que no hay causales para llegar a la intervención: «Un partido que se encuentra absolutamente ordenado política, jurídica e institucionalmente, con pleno funcionamiento de todos los órganos partidarios integrados por afiliados elegidos democráticamente y cumpliendo en su totalidad con los preceptos normativos que lo rigen, no parece que pueda ser objeto de intervención».
Intervenir, atribución del Congreso Justicialista
En otro tramo del escrito del abogado Kornuta, se planteó que el Consejo Nacional que preside la ex presidenta de la Nación no tiene las atribuciones de intervenir los distritos. Recordaron que debe ser el Congreso del partido, según la Carta Orgánica del PJ.
«La competencia material del Congreso Nacional Justicialista para disponer la intervención de los partidos distritales ha sido ilegítimamente allanada por los integrantes del Consejo al dictar la resolución objeto del pedido de nulidad, disponiendo la intervención del Partido Justicialista, con lesión manifiesta de los derechos de sus afiliados y sus legítimas autoridades para decidir el curso de acción de la organización política distrital. Consecuentemente, la Resolución mentada exhibe un vicio que determina su nulidad absoluta», indicaron.
Aunque el Consejo lo haya hecho ad referendum del Congreso, advirtió Kornuta que «Sólo pueden dictarse resoluciones ad referéndum en los casos contemplados en el inc. f) del artículo 22: Aplicar las sanciones a que hace referencia el artículo 32, inciso a) y b) de esta carta orgánica, previo dictamen de los Tribunales de Disciplina, y ad referéndum del Congreso Nacional;…»
