Misiones, como muchas otras provincias, se encuentra en el centro de un escrutinio público que se agudiza con el inicio de clases, convirtiéndose en un escenario donde la política y la educación se entrelazan de forma compleja y, a menudo, contraproducente. El hecho de que algunas jurisdicciones fijen el calendario escolar en 190 días mientras otras opten por cifras diferentes no es más que un síntoma de la ausencia de consenso y de prioridades definidas en el manejo de lo que debería ser un tema esencial para el futuro de la sociedad.
El comienzo de marzo trae consigo no solo la apertura del ciclo lectivo, sino también un ambiente de incertidumbre que impacta directamente a las familias misioneras. Iniciar un nuevo año escolar implica inversiones sustanciales en infraestructura, materiales didácticos y una reorganización administrativa que, en muchos casos, incrementa notablemente los gastos familiares. Así, cada hogar se ve obligado a ajustar sus presupuestos en un contexto en el que la falta de planificación estatal se hace patente, reflejando un déficit de visión a largo plazo en la gestión de recursos públicos.
Este panorama se complica aún más al coincidir con un año electoral, donde las alternativas políticas parecen centrarse más en ganar simpatías mediante discursos populistas que en asegurar el desarrollo ininterrumpido del calendario escolar. Las promesas se suceden sin una base real, y los partidos se enfrascan en disputas internas que desvían la atención de las necesidades de la ciudadanía. ¿Acaso es aceptable que la educación, base de cualquier sociedad, se vea sometida a los vaivenes de una contienda electoral que privilegia la imagen sobre el compromiso genuino?
La irrupción de Milei en el ámbito nacional ha generado, lejos de una reorganización saludable, una desarticulación que se percibe en todos los niveles del poder provincial. Lo que se anunciaba como un proceso de renovación política se ha transformado en una lucha por mantener narrativas que favorecen la autopreservación, en detrimento del bien común. La crisis de liderazgo se evidencia en la incapacidad para definir prioridades y en la persistencia de estructuras obsoletas que se resisten al cambio, dejando a la ciudadanía con la amarga sensación de un futuro incierto.
En medio de este caos, han surgido intentos aislados de forjar un proyecto colectivo. En una entrevista televisiva, una representante del partido gobernante provincial sostuvo que la verdadera fortaleza no reside en decisiones impulsivas y unilaterales, sino en la integración de diversos actores en un plan común. Sin embargo, tal declaración resulta poco convincente si se contrasta con la realidad palpable: una gestión que parece más interesada en perpetuar disputas internas que en construir soluciones de fondo. La retórica que, en apariencia, invita al consenso, en realidad esconde la inercia y la resistencia al cambio que han caracterizado la política local en los últimos años.
Esta falta de coherencia contrasta radicalmente con la sabiduría de figuras como Warren Buffett, quien aconseja ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. La política misionera, sin embargo, parece haber olvidado este precepto fundamental, optando por posturas fragmentadas y divisorias que impiden la formación de acuerdos sólidos. Los intercambios se ven entorpecidos por especulaciones y negociaciones interesadas que, en última instancia, bloquean la posibilidad de proyectos que realmente beneficien a la ciudadanía.
Por otro lado, la estrategia del oficialismo y de ciertos sectores opositores se concentra en la conquista de espacios y en la consolidación de cuotas de poder, sin ofrecer propuestas que mejoren la calidad de vida en la provincia. La inclinación por legislar en función de intereses particulares, como asegurar representación en los Concejos Deliberantes, resulta en una política que se contenta con la apariencia del poder. Esta situación, lejos de impulsar el desarrollo, debilita las instituciones y contribuye a la sensación de estancamiento que permea el ambiente social.
El caso de Misiones plantea una pregunta crucial: ¿Estamos dispuestos a permitir que la política se convierta en un obstáculo para el progreso educativo y, por extensión, para el desarrollo de la sociedad? La respuesta parece estar en manos de una ciudadanía que, cada vez más, demanda un replanteamiento de las prioridades. Es imprescindible que tanto los dirigentes como los actores sociales se comprometan en un diálogo honesto, capaz de trascender los intereses partidistas y centrarse en la construcción de un proyecto colectivo real.
Resulta urgente que se distancie el calendario escolar de los procesos electorales y se garantice que la educación se mantenga como una prioridad inamovible, a pesar de las disputas políticas. Solo mediante un compromiso genuino con la transparencia y la acción estructural se podrá romper el ciclo de inestabilidad que amenaza con socavar los pilares fundamentales del desarrollo en Misiones. En definitiva, el desafío no es únicamente organizar un año lectivo, sino transformar un sistema político que, en su afán por el poder, ha dejado de lado la responsabilidad de construir un futuro sólido para todos.
Alejandro Chini..
