Existe todo un lenguaje no verbal detrás de una imagen, tiene un significado y significante, están aquellos que aseguran que reflejan ciertos aspectos de una sociedad.
También es cierto que transmiten no solamente ideas y conceptos, sino valores, sentimientos y actitudes (carga racional y afectiva) y son una herramienta de colección y de reservorio del conocimiento
En este caso, si viésemos al gobierno de Javier Milei, una imagen que resumirá, guste o no su mandato, es la lejanía con las políticas públicas. La profundización del ajuste y ratificar el rumbo del mandato libertario es el horizonte que persigue el oficialismo nacional conjuntamente con la complicidad de gobiernos provinciales.
En esta semana, se conoció públicamente que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que las provincias y los municipios no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios. Dado que «ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales, tales como la luz y el gas, la secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 publicada en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio», aseguró Caputo en un mensaje en su cuenta de X.
Después, fue el turno del vocero presidencial, Manuel Adorni, que incluyó también a los gobernadores dentro de esa medida anunciada: «Las provincias y los municipios ya no van a poder incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios», escribió.
De esta manera, y de cara al último trimestre del año, los intendentes y gobernadores deberán hacer malabares para poder sostener los gastos y la estabilidad en las arcas provinciales. Tal parece que el gobierno nacional no dará ni un solo paso atrás, y es más, redoblará la apuesta para lograr sostener el déficit cero que le brindará mayor credibilidad ante el mercado internacional.
Sus pretensiones son la de entregar un claro y transparente mensaje a los empresarios del mundo, demostrando firmeza y orden, para captar inversores y que sean estos últimos los que rieguen la economía argentina de dólares invirtiendo en el país. Pero más allá del Déficit Cero, la intención que esconde en la opacidad, es continuar el sendero de reducir el gasto público.
¿Pero qué gobierno puede ver y comprender que una mejora en el ingreso de los jubilados indigentes es un gasto, y no un paso hacia la conquista de brindarle una vejez digna a los adultos mayores? La respuesta es como una piña directa de un boxeador al mentón de su oponente, un Poder Ejecutivo que se ha alejado de la percepción y del padecimiento de aquellos sectores más vulnerados en las últimas décadas.
Hasta el momento, luego de nueve meses del gobierno libertario, podemos manifestar que las políticas públicas se están viendo altamente perjudicadas por el proceso de recortes y hachazos presupuestarios, marginado y enterrando en la pobreza e indigencia a una mayor cantidad de argentinos.
Al día de hoy, según los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). La pobreza en Argentina alcanzó al 52% de la población en el primer semestre del 2024, esta cifra más alta desde 2004. Y a esto habría que sumarle que casi el 18% de los argentinos son indigentes.
Da la impresión que las políticas públicas se han convertido con el paso del tiempo en nuestro país en un sinónimo de sufrimiento, padecimiento y sometimiento-dignas del más ardiente infierno que significa sobrevivir-, la actualidad demuestra que, para poder acceder a una Canasta Básica Alimentaria, un jubilado necesita de unos 857 mil pesos, número muy alejado de la realidad que soportan aquellos jubilados que perciben la mínima de 305 mil pesos mensualmente.
Diego Salazar…
