La Constitución de la Nación argentina sancionada en 1853 cuando apenas éramos unas pocas provincias y apenas unos cuantos millones de habitantes, establecía la forma Representativa y Republicana como forma de gobierno sobre el cual se asentaría el estado Argentino.
Los constituyentes del Siglo XIX habían pensado en un sistema presidencialista, basado en la división de poderes como mecanismo de control y contrapeso entre los distintos poderes del estado, en el que el propio pueblo elegiría a quienes ocuparían estos cargos mediante el sufragio, siendo en definitiva el pueblo quien posiciona o quien quita a un determinado funcionario o grupo de funcionarios.
Este sistema democrático permitió que Argentina iniciara el Siglo XX con uno de los PBI per cápita más altos del mundo y que hasta 1920, la Presidencia de la Nación contara solamente con 19 empleados y en donde todos los ministerios entraban en la Casa Rosada.
Con el quiebre de la democracia en la década del 30, la vuelta al sistema democrático obligó a encontrar alianzas y coaliciones de partidos que sustenten un mayor apoyo del electorado como forma de retomar el poder democrático. Esta situación no fue para nada gratis, lo que implicó un crecimiento brutal del estado, la negociación constante de cargos, leyes y medidas que debía ser consensuados entre tantos actores, implicando juegos de toma y dame constantes.
El gran “Renacimiento” de la política en el año 2003, luego de la implosión de todo el aparato político consecuencia del “que se vayan todos”, llevó al poder a un presidente con apenas solo el 22% de los votos y que contenía en el interior de la coalición a 10 partidos políticos con los cuales compartir una cuota de poder. Como si esto resultara enmarañado, las coaliciones llegaron y se impusieron en el seno de los parlamentos como medidas de sancionar leyes al no alcanzar ninguna de estas fuerzas mayorías propias (exceptúese al Frente Para la Victoria desde el 2005 al 2015).
Hoy nos encontramos frente a un escenario donde se miden 3 fuerzas políticas casi en igualdad de poder, dos de las cuales cuentan con experiencia en el Ejecutivo Nacional, como así también un cuerpo más fuerte en el Congreso y diversas gobernaciones. Los números indican un escenario de segunda vuelta, donde inmediatamente se formarán “coaliciones electorales” para captar el tercio que quede afuera de la disputa.
El planteo que nos deberíamos hacer frente a esta situación es ante el panorama del triunfo de uno u otro poder si la coalición de los dos poderes de esta representatividad tripartita, significará un marco en donde se garantizará la gobernabilidad, o si por contrario sensu, se intentará utilizar las mayorías y los acuerdos parlamentarios como forma de desestabilizar constantemente al gobierno de turno, situación similar a la que sucedió en el período 2015-2019.
El panorama indefectiblemente se inclinará hacia un lado u otro, veremos si las buenas prácticas democráticas de los que tanto se jactan los demócratas, defensores de las instituciones y garantistas del estado, podrán tolerar 4 años de un gobierno diferente al que esperan.
