La emblemática empresa Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, lo que desató un conflicto gremial de alto impacto y tensión creciente en la zona.
En ese contexto, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen dentro del establecimiento. Sin embargo, la medida no se ejecutará por el momento por razones de seguridad, con el objetivo de resguardar tanto a los trabajadores como al personal interviniente.
Un anuncio abrupto y tensión en la planta

La decisión empresaria se conoció de manera sorpresiva. Los empleados se enteraron al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades. Desde entonces, trabajadores y al menos un delegado permanecen en el interior del predio, mientras continúan las gestiones en un clima de fuerte incertidumbre.
La empresa había comunicado días antes la determinación de cesar por completo sus operaciones en la planta y notificó a los empleados junto con el compromiso de pago de las indemnizaciones legales. Ante la escalada del conflicto, reforzó la seguridad privada para prevenir daños en las instalaciones.
Conciliación obligatoria y orden judicial
Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo encabezada por Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto y abrir una instancia de negociación entre las partes.
En paralelo, la resolución judicial dispuso la “inmediata restitución del inmueble a favor de sus titulares”, aunque aclaró que ello no implica restricción alguna al derecho a manifestarse fuera del predio.
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El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la medida en la necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras constatar un ingreso con violencia en horas de la mañana, con daños en el alambrado perimetral y en los accesos, además de la ocupación de distintos sectores del establecimiento.
Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense permanecen en las inmediaciones, aunque sin avanzar en el desalojo, en un escenario de alta sensibilidad social y laboral que mantiene en vilo a casi un millar de familias.
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