A menos de dos meses para concluir su mandato, el presidente argentino, Alberto Fernández, dio un paso controvertido al aceptar la financiación de las represas «Jorge Cepernic» y «Néstor Kirchner» en la provincia de Santa Cruz por parte de China. Esto plantea una seria preocupación, ya que casos previos en Ecuador y Uganda resultaron en escándalos de sobreprecios, corrupción, daño ambiental y graves deficiencias en la construcción.
En Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, se llevó a cabo la construcción de la represa y central hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair por una compañía estatal china, Sinohydro. El proyecto, que originalmente tenía un costo de USD 900 millones, aumentó su precio a más de USD 2.900 millones, convirtiéndose en una carga financiera significativa para el país. Además, la represa experimentó numerosas fallas, incluyendo miles de fisuras en sus distribuidores de agua, lo que afectó su capacidad de generación de energía y causó graves problemas ambientales, como derrames de petróleo en la región amazónica.
En Uganda, China International Water & Electric Corp. construyó una central hidroeléctrica en el río Nilo que sufrió más de 500 defectos y fallas desde su inauguración en 2019. Las fallas incluyen obstrucciones en las turbinas debido a la falta de una barrera de contención flotante, filtraciones en el techo de la central, y cortes regulares en el suministro eléctrico. Este proyecto, financiado en gran parte por un crédito chino, generó preocupaciones sobre la calidad y la sostenibilidad de las inversiones chinas en infraestructuras en África.
Estos casos plantean preguntas sobre la transparencia y la supervisión en proyectos financiados por China en el extranjero. En ambos casos, China no solo proporcionó los fondos sino que también impuso al contratista y supervisó la ejecución, lo que ha llevado a preguntas sobre quién asume la responsabilidad de las fallas y los problemas resultantes.
La decisión de Argentina de confiar en China para financiar y construir sus represas en Santa Cruz plantea un riesgo significativo, y queda por ver si el país sudamericano evitará los mismos problemas que han afectado a Ecuador y Uganda en proyectos similares. La experiencia de otros países sugiere que el Partido Comunista Chino podría terminar teniendo un control significativo sobre la infraestructura construida por empresas chinas en el extranjero, lo que plantea inquietudes sobre la soberanía y la sostenibilidad de estas inversiones.
(Fuente: TN)
