La secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) Seccional Misiones, Mirta Chemes, dialogó con “La Última Rosca” de Radio Up y expresó su conformidad con el proyecto de modificación del artículo 10 de la Ley VII N.º 103, vinculado con la movilidad jubilatoria, y destacó el trabajo conjunto de los sindicatos con representantes de la Cámara de Representantes para avanzar en una reparación de la deuda con los jubilados de la administración pública.
Chemes explicó que el reclamo por la movilidad jubilatoria tiene una larga trayectoria y cuestionó que su aplicación haya quedado vinculada al envío de fondos nacionales. “El reclamo de la movilidad jubilatoria histórico se tergiversó con este pacto federal. En su momento firmó el Gobierno de la provincia de Misiones y más tarde se ha retaceado la movilidad a envío de fondos nacionales, que esto nunca debería haber sucedido”, sostuvo.
En ese marco, destacó la participación de los sindicatos en la búsqueda de una solución. “Desde la mesa de diálogo, los sindicatos y principalmente UDA estuvo muy abocada a este tema de la reparación histórica con nuestros queridos jubilados, no solo docentes, tenemos que hablar de los jubilados de la administración pública también”, señaló.
La dirigente valoró además la apertura de la Legislatura para escuchar los reclamos y las propuestas de los representantes de los trabajadores. “Hubo una apertura de diálogo por parte de la Cámara, que también esto hay que destacar, que hacía mucho tiempo que la Cámara no se abría hacia los sindicatos, a los representantes, los trabajadores, para escuchar. Para escuchar los reclamos, pero también escuchar las propuestas que llevábamos. Uno vio el espacio”, afirmó.
Según detalló, hubo dos encuentros presenciales y varias instancias de intercambio para definir la redacción del proyecto. También mencionó reuniones con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, en las que se avanzó en un esquema para cancelar la deuda previsional.

Chemes indicó que, en un primer momento, se había planteado saldarla en un año, pero los sindicatos consideraron que ese plazo era demasiado extenso. Finalmente, se acordó un cronograma de tres tramos de pago.
“Se acordó en tres tramos el pago de la deuda que, si Dios mediante los demás diputados acompañan y se aprueba la ley, el primer tramo debería estar saliendo ya en noviembre”, explicó. El segundo pago está previsto para marzo y el último para julio, siempre de acuerdo con el cronograma mencionado por la dirigente y sujeto a la aprobación legislativa.
La titular de UDA remarcó que el objetivo no debe limitarse a cancelar los montos adeudados, sino también a evitar que se repita una situación similar. “Dejamos en claro en los considerandos que, una vez saldada la deuda, el Gobierno de la provincia de Misiones arbitre los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la normativa de movilidad jubilatoria debe conservar su vigencia. “La ley de movilidad jubilatoria está vigente y no debe volver a ser tocada por ningún decreto, por ningún pacto federal”, señaló. Y agregó que el proyecto busca resolver la deuda y establecer garantías para que no vuelva a vulnerarse ese derecho.
La dirigente también rechazó las críticas de sectores que, según dijo, intentan atribuirse el trabajo realizado para alcanzar el acuerdo. Aseguró que el reclamo se sostuvo en las mesas de diálogo y en las actas de acuerdos salariales.
“Esto se viene trabajando hace mucho tiempo desde la mesa de diálogo y comunicación y está plasmado en las distintas actas de acuerdos salariales”, remarcó. Según explicó, allí se exigía que las recomposiciones salariales del personal activo se reflejaran en los haberes del sector pasivo dentro de un plazo razonable.
En el caso de los docentes, detalló que el Consejo General de Educación debe finalizar la liquidación de los salarios del personal activo, informar al Instituto de Previsión Social (IPS) y permitir el cálculo del coeficiente correspondiente para aplicar la movilidad. “Eso no puede llevar más de 45 días desde que el activo cobra”, sostuvo.
Chemes insistió en que el reclamo también contempla el respeto por los jubilados que dedicaron su vida al servicio público. “Esperemos que sean buenas noticias para nuestros queridos jubilados y esperemos que esto no vuelva a suceder y que no se vuelva a vulnerar los derechos de los jubilados que son trabajadores porque han dado la vida, han dado su vida, su tiempo, su conocimiento por la educación, por la administración pública”, expresó.
Y concluyó: “Ellos se merecen el mayor de los respetos y nosotros tenemos la obligación de representarlos también porque para nosotros siguen siendo trabajadores y, en el caso de UDA, siguen siendo nuestros afiliados”.
Las liquidaciones y los pagos a cuenta Consultada sobre el alcance de la reparación, Chemes aclaró que las liquidaciones no van a ser para todos iguales, debido a las diferencias en sus trayectorias salariales. “Las liquidaciones no van a ser para todos iguales, porque no todos tienen la misma característica del sueldo”, explicó.
En ese sentido, advirtió que “es muy complejo liquidar la jubilación docente” y anticipó que se analizará cada situación particular. “Si hay algunos que creen que no corresponde, se verificará, se verá”, afirmó.
La secretaria general de UDA también señaló que los sindicatos solicitaron información sobre los coeficientes utilizados para calcular los montos, con el objetivo de orientar a quienes tengan dudas o consideren que sus haberes fueron liquidados de manera incorrecta.
Otro de los puntos que generó debate fue el de los pagos a cuenta de la movilidad jubilatoria que recibieron algunos docentes. Según Chemes, esos montos deberán descontarse de lo que corresponda cobrar por la deuda, pero cuestionó la falta de claridad sobre su origen.
“Nosotros dijimos que se le ponga fin a eso porque genera toda una confusión, porque en definitiva nadie sabe pago a cuenta de qué recomposición estamos hablando, porque tampoco se plasmaba en los recibos de haberes”, señaló. La dirigente agregó que este tema fue objeto de discusiones en la mesa previsional.
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El reclamo por el salario básico docente Más allá del acuerdo previsional, Chemes sostuvo que todavía quedan cuestiones pendientes para mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación, tanto activos como jubilados.
“De los docentes activos hay mucho por trabajar en los salarios”, afirmó. Y explicó que una recomposición para el personal en actividad también tendría efectos sobre los jubilados si se cumple la ley de movilidad.
Por ese motivo, indicó que UDA no acepta los bonos ni las sumas que se pagan por fuera del salario remunerativo. “Desde el sector docente, no aceptamos ni bonos, ni queremos sumas en negro, más allá de que es necesario tener un poco más de plata al bolsillo, porque si no eso no va a la caja, que va en detrimento de nosotros mismos y tampoco va al sector pasivo”, sostuvo.
La dirigente consideró que la mejora del salario básico es uno de los principales temas pendientes y cuestionó la estructura salarial actual, que incluye numerosos adicionales.
En particular, apuntó contra el denominado regulador provincial, al que atribuyó un efecto negativo sobre la escala salarial docente. “Tenemos que tratar de ver cómo resolvemos, cómo eliminamos el famoso regulador provincial que achata la pirámide, perjudica a toda la escala, que no fue a lo que firmó la mesa de diálogo”, afirmó.
Chemes señaló que el mecanismo se firmó en la Casa de Gobierno el 20 de septiembre de 2020 y sostuvo que los docentes actualmente afrontan sus consecuencias.
Como ejemplo, planteó la escasa diferencia salarial entre quienes recién comienzan a trabajar y quienes acumulan décadas de antigüedad. “Un docente que recién se inicia en el nivel secundario y uno de 24 años no tiene ni cuatro mil pesos de diferencia, cuando debería ya el de 24 años tener un 120 por ciento de su antigüedad”, cuestionó.
“Nefasto eso. Eso hay que resolver”, enfatizó, antes de insistir en la necesidad de destinar mayores recursos al salario básico docente.
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