El oficialismo consiguió quórum y aprobó el pedido este miércoles en la Cámara de Diputados local. La oposición, que ganó las elecciones, lo acusa de imponer esta medida para «beneficiar a amigos y amigas del poder».
La provincia del Chaco parece ser el escenario de un nuevo escándalo que tiene como protagonista al actual gobernador, Jorge Capitanich. El mandatario, quien finaliza su mandato en poco más de un mes, comanda un «operativo retirada» con el que logró que este miércoles la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17 mil empleados a planta permanente del Estado, muchos de ellos militantes o familiares de funcionarios y ex funcionarios, hasta el año 2030.
A mediados de agosto, en plena campaña electoral (los comicios para elegir gobernador en Chaco se realizaron el 17 de septiembre), Capitanich anunció con dos decretos el pase a planta permanente de alrededor de 17.500 empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión. Una medida que no estuvo en su agenda de gestión ni en la de sus funcionarios o legisladores, y que generarán un perjuicio a las arcas públicas de la Provincia y pondrá en jaque la gestión venidera.
Uno de los casos de pase a planta permanente más polémicos es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores. Ex secretaria de Empleo y Trabajo, ex vocal de la Administración Provincial del Agua (APA) y diputada nacional, la mujer forma parte de la planta permanente de SAMEEP desde el 26 de octubre pasado con categoría 30, una de las más altas.
El escándalo también salpicó a Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no puede hacer frente al pago de la deuda con el proveedor CAMMESA por la suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio, cercanos a Capitanich, ingresaron a planta permanente en cargos o puestos no creados. Es decir, fueron designados a pesar de que no existían vacantes. De esta manera, se compromete aún más la delicada situación financiera de la empresa estatal.
Al enterarse de los decretos impuestos por el mandatario, los empleados estatales chaqueños H.D.A. y J.M.F, ambos con el patrocinio del ex diputado radical Marcelo Castelán y del expresidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda (h), presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.
El juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich.
El letrado argumentó que la normativa «afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración».
Además, expresó que «si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente».
Ante esta situación, Capitanich redobló la apuesta y llevó su «operativo retirada» a la Legislatura provincial para que se apruebe la normativa a contrarreloj antes del cambio de mando.
