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La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una medida contemplada en la reciente ley de Modernización Laboral, oficializada ese mismo día en el Boletín Oficial.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos de la norma que habilitan la transferencia del fuero.
En su presentación, la central obrera solicitó “el dictado de una medida cautelar de no innovar” que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la ley, así como el acuerdo de transferencia que prevé el cierre de 30 juzgados de primera instancia del trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Según el escrito, estas disposiciones implicarían “la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo”, por lo que el gremialismo también pidió que la Justicia declare nulo el acuerdo de transferencia e inconstitucionales los artículos cuestionados.
El amparo fue firmado por los cosecretarios generales de la CGT Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno nacional.
En el documento presentado ante la Justicia, los dirigentes sostuvieron que la eliminación del fuero laboral nacional constituye “una afrenta al orden constitucional, a la división de poderes y al deber estatal de proceder de acuerdo al derecho vigente”, y señalaron que la medida configura “hechos de gravedad institucional”.
Además, advirtieron que, en caso de que la Justicia no haga lugar al planteo, dejarán planteado el “caso federal” para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la norma podría afectar derechos de raigambre constitucional.
Los artículos cuestionados
El artículo 90 de la ley de Modernización Laboral establece la aprobación del Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, el artículo 91 encomienda al Poder Ejecutivo transferir los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero laboral porteño, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo durante el proceso de traspaso.
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Una reforma de amplio alcance
La ley de Modernización Laboral fue promulgada por el presidente Javier Milei mediante el decreto 137/2026, tras haber sido sancionada por el Congreso el 27 de febrero.
La norma introduce cambios estructurales en el régimen laboral argentino, con modificaciones que alcanzan a la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, el sistema de convenios colectivos, la regulación de servicios mínimos en conflictos laborales y la creación de nuevos fondos de contingencia.
En ese contexto, la judicialización del traspaso del fuero laboral abre un nuevo frente de disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical, que anticipó que continuará impulsando acciones legales contra distintos aspectos de la reforma.
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