El pequeño, hijo de la policía, nació en febrero del 2021 en una clínica de Cerro Azul. También fueron procesados sin prisión preventiva los presuntos padres apropiadores.
Una policía, una médica y una pareja de Cerro Azul fueron procesados por la Justicia Federal como los responsables de la supresión de identidad de un niño recién nacido, hijo de la funcionaria pública.
En la resolución, también se decidió la absolución de otra profesional de la salud.
La decisión estuvo a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, titular del Juzgado Federal de Oberá, quien además trabó un embargo de 20 millones de pesos para los implicados en la maniobra.
Asimismo, se supo que las defensas apelaron el dictamen, y este sólo quedará firme si la Cámara Federal de Apelaciones confirma lo actuado por el magistrado.
Lo que se investiga es una maniobra lastimosamente repetida en Misiones para este tipo de hechos: la madre biológica y el padre “adoptante” inscriben al menor y luego el hombre lo cría con su pareja real. De esta forma los protagonistas se saltan todos los pasos para una adopción legal, algo que está penado por ley.
Según se consigna en la mencionada documentación, a la numeraria de la Policía de Misiones -de 31 años y madre del niño- y el comerciante de Cerro Azul de 41 años se los acusa de dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público y de alteración de la identidad de un menor de 10 años, todo en concurso real y en calidad de autores.
La pareja del hombre, en tanto, afronta un procesamiento como autora de la falsificación y alteración de la identidad de un menor de 10 años.
Por su parte, a la médica que se desempeñaba en la clínica de Cerro Azul donde nació el bebé se la acusa de falsificación y alteración de la identidad de un menor de 10 años agravada por su calidad de profesional de la salud, también en calidad de autora. De esta manera la Justicia cree que hay sustentos para señalar al personal del centro médico.
La causa
La investigación llegó a la Justicia Federal en junio del año pasado, luego de que las autoridades del Juzgado de Instrucción de Leandro N. Alem, a cargo de la jueza Raquel Zuetta, se declarara incompetente.
De todas formas en marzo del 2021 la magistrada tomó las primeras medidas, como la detención del comerciante y la notificación de la policía.
También se ordenó la incautación de sus teléfonos celulares y el allanamiento de la clínica privada, medida que el juez Gallandat Luzuriaga repitió el 3 de mayo del 2023.
En ambas oportunidades se secuestró documentación de interés para el proceso y desde la clínica informaron oficialmente que “en nuestra institución, todos los nacimientos ocurren dentro y conforme al marco legal, no habiéndose imputado a nuestra institución en ninguna causa legal”.
Dijeron también que entregaron la información requerida.
El caso se dio a conocer en marzo del 2021. Lo llamativo es que quienes lo revelaron ante la Policía de Misiones fue la pareja que presuntamente se apropió del menor, -el comerciante y su mujer-. Los dos se dirigieron a la comisaría local y denunciaron que la madre biológica del pequeño había ido a buscarlo y se lo llevó por la fuerza.
Entonces, el hombre brindó detalles de la maniobra, posiblemente sin saber que eso haría que termine en una celda. Expresó que el pequeño había nacido el 23 de febrero en una clínica privada de la localidad al borde de la ruta nacional 14 y que la madre era una policía de esa misma localidad.
Amplió que para ello no se realizó ningún trámite de adopción, sino que habían hecho “un principio de acuerdo de palabra” para que ellos se hagan cargo de la crianza del infante. T
odo marchaba según sus planes hasta que al parecer la madre se arrepintió de los actos y, tras una fuerte discusión en la casa de los “adoptantes”, se llevó al pequeño.
Los efectivos notificaron la situación a las autoridades judiciales de Alem, quienes ordenaron que el hombre sea detenido de forma inmediata, además del secuestro de los teléfonos celulares y el mencionado allanamiento a la clínica. A su pareja, en tanto, se le tomó entonces declaración como testigo sospechoso.
En cuanto a la funcionaria policial, también fue notificada de la instrucción de la causa, aunque siguió en libertad al cuidado del niño.
Fuentes de la Unidad Regional VI detallaron en su momento que estaba con licencia por maternidad y trascendió que a sus compañeros de trabajo le había dicho que perdió el embarazo que cursaba.
Al momento de los hechos la joven se desempeñaba en la Dirección de Tránsito local. Oportunamente fue pasada a disponibilidad por decisión de la Jefatura de la fuerza provincial, pero la medida se levantó en octubre del 2022 y en la actualidad se desempeña en otra jurisdicción de la Unidad Regional VI. Está criando a su hijo.
Además del procesamiento sin prisión preventiva -los implicados siguen el proceso en libertad-, la Justicia trabó un embargo de 20 millones de pesos.
Fuente: El Territorio
