En el marco de los cinco proyectos de ley sobre educación presentados por La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de Misiones, el filósofo y educador, Eduardo Cazenave, cuestionó que se destinen subsidios a escuelas privadas en zonas donde ya existen establecimientos públicos que podrían necesitar mejoras de infraestructura y condiciones educativas.
El educador aclaró que la propuesta no busca eliminar los aportes estatales, sino establecer criterios claros para su distribución, exigir rendiciones de cuentas y dar mayor autonomía a las instituciones privadas para fijar sus aranceles dentro de parámetros transparentes.

Financiamiento educativo: Cazenave pidió priorizar las necesidades de las escuelas públicas
Uno de los principales ejes de los proyectos educativos impulsados por La Libertad Avanza en Misiones es la revisión de los criterios mediante los cuales el Estado distribuye recursos entre los establecimientos educativos públicos y privados.
Durante su participación en Arriba la Radio por Radio Up, Cazenave sostuvo que el primer paso debe ser establecer con claridad qué debe financiar el Estado y bajo qué condiciones. En ese sentido, cuestionó que una institución privada pueda recibir fondos públicos sin que exista una evaluación previa de las necesidades educativas de la zona. “Lo primero que tiene que hacer (el Estado) es ser claro en qué financia y qué no”, expresó el filósofo y educador al explicar su postura sobre el financiamiento escolar.

En su planteo, el Estado debería garantizar condiciones educativas básicas y evaluar dónde hacen falta nuevos establecimientos antes de asignar recursos para su apertura. Para Eduardo, no resulta razonable financiar una escuela privada en una zona donde ya existen instituciones estatales que podrían necesitar mayores inversiones. “Lo que no es justo es que priorice a la escuela privada frente a la escuela del Estado, porque la escuela privada además cobra un arancel y la escuela del Estado no”, afirmó.
Cazenave advirtió que esta situación también plantea una cuestión de acceso a la educación: las familias que no cuentan con recursos suficientes para pagar una cuota tienen menos posibilidades de elegir una institución privada. “Entonces, ¿quién no puede elegir? El que no tiene plata para pagar el arancel”, señaló durante la entrevista.

Escuelas privadas con subsidios: “Primero hay que hacer un estudio de necesidad”
El educador remarcó que su propuesta no consiste en eliminar los aportes estatales a las escuelas privadas, sino en establecer criterios claros para determinar cuándo corresponde otorgarlos.
Según explicó, antes de financiar la apertura de un nuevo establecimiento privado, el Estado debería realizar un relevamiento de la oferta educativa existente, la matrícula y las condiciones de las escuelas públicas de la zona. “El Estado tiene que acompañar a las escuelas en donde hacen falta. Entonces llega un estudio si le hacen falta”, sostuvo.
En esa línea, planteó un interrogante sobre el uso de los recursos públicos cuando existen establecimientos estatales en funcionamiento: “Si hay dos escuelas del Estado que tienen matrícula, ¿por qué voy a sustentar yo con los aportes de los ciudadanos una escuela privada?”.
Para Cazenave, la apertura de una institución privada debe seguir siendo posible, pero el acceso a fondos estatales debería depender de una justificación concreta. “Si la quieren abrir que la abran, perfecto. Pero los aportes son del Estado y no es lógico”, expresó.
El entrevistado también puso el foco en el costo que implica sostener el sistema educativo y en la necesidad de aprovechar los recursos disponibles. A su entender, cuando existe una escuela pública con infraestructura deficiente o docentes mal remunerados, el Estado debe evaluar si corresponde destinar fondos a otra institución o si primero debe atender las necesidades del establecimiento estatal. “Pero primero hay que hacer un estudio de necesidad. Se necesita”, insistió.

Transparencia y rendición de cuentas: saber cuánto recibe cada escuela
Otro de los puntos centrales del planteo de Cazenave es la necesidad de establecer mecanismos de control sobre los aportes estatales destinados a las instituciones privadas.
El filósofo consideró que la Legislatura debe contar con herramientas para conocer el recorrido del dinero público, desde su asignación hasta su utilización. En ese sentido, cuestionó la falta de procedimientos que permitan identificar con precisión cuánto recibe cada establecimiento y cuál es el destino de esos recursos. “La plata es la del contribuyente”, remarcó al fundamentar la necesidad de transparentar el financiamiento educativo.
Además, sostuvo que la información disponible sobre el sistema educativo misionero presenta inconsistencias. Según explicó, los datos aportados por el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) no coinciden en aspectos como la cantidad de alumnos, docentes e instituciones. “No sabemos exactamente cuál es el dato único. ¿Cuál es el dato oficial? Porque hay tres datos oficiales y no coinciden”, afirmó.
Para Cazenave, esa falta de información dificulta la elaboración de un diagnóstico preciso y, en consecuencia, la posibilidad de distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades reales de cada establecimiento.
En relación con las escuelas privadas, indicó que no existe una obligación uniforme de publicar determinados datos de matrícula, lo que, según su interpretación, complica la evaluación de las instituciones que reciben financiamiento estatal. “La Legislatura debería poderle pedir al Poder Ejecutivo que pueda trazar a dónde va la plata, qué pasa con ella y qué rendimiento tiene”, sostuvo.
El entrevistado aclaró que su planteo no constituye una acusación contra una institución en particular, sino un pedido de mayor control y claridad sobre la administración de los fondos públicos. “Yo no estoy diciendo que no sean transparentes, porque no estoy acusando a nadie”, aclaró. Y agregó que la necesidad de revisar los datos surge de las diferencias detectadas entre los informes oficiales presentados ante la Legislatura.

Autonomía para las escuelas privadas y reglas claras para las cuotas
Cazenave también propuso modificar los mecanismos que regulan los aranceles de las escuelas privadas que reciben aportes estatales. Su planteo apunta a establecer una banda de valores y criterios transparentes que permitan a cada institución definir sus cuotas dentro de determinados parámetros, con una justificación clara ante las familias.
Actualmente, según describió durante la entrevista, el SPEPM interviene en la determinación de los aranceles. El educador cuestionó que las decisiones puedan resultar arbitrarias si no existen criterios suficientemente claros para establecer los montos. “Que haya una banda. Esto es lo que te aporta el Estado, este es tu proyecto”, explicó sobre el mecanismo que propone.
La idea, según detalló, es que las instituciones puedan justificar los aumentos de sus cuotas en función de sus necesidades y proyectos, sin quedar sujetas a decisiones que consideren discrecionales. “Dentro de esa banda, bien justificado con los padres, es tu mercado, o sea, poné el arancel acorde a lo que te parezca a tu mercado dentro de esta normativa bien transparente”, señaló.
El educador insistió en que el objetivo no es quitar financiamiento a las escuelas privadas, sino establecer una relación más clara entre los recursos que reciben, los servicios que ofrecen y los aranceles que cobran. “No pretendemos sacarle el aporte a nadie. Lo que pretendemos es ordenar que pueda ser transparente, que todo esté arriba de la mesa”, afirmó.
En ese sentido, consideró necesario que las familias puedan conocer cuánto dinero público recibe cada institución y qué gastos cubre ese financiamiento, además de comprender qué servicios se sostienen con el pago de las cuotas. “Yo recibo este aporte, con este aporte hago esto, pero además cobro una cuota porque ¿por qué? Porque hago todo esto otro”, planteó.

El debate por el financiamiento educativo en Misiones
Las propuestas forman parte de una batería de cinco proyectos de ley vinculados con la educación que La Libertad Avanza presentó en la Legislatura de Misiones, junto con un pedido de informes sobre el funcionamiento del sistema educativo provincial.
Según explicó Cazenave en Arriba la Radio, las iniciativas buscan conocer con mayor precisión la realidad educativa, medir los aprendizajes, ordenar la distribución de los docentes, ampliar la capacidad de decisión de los directivos y transparentar el uso de los recursos.
En relación con los aportes estatales, el eje central es establecer criterios verificables para definir qué instituciones reciben financiamiento, por qué lo reciben y cuáles son las necesidades que justifican esa asignación.
El educador también defendió el papel de las escuelas privadas en el sistema educativo misionero. “Creo que la escuela privada es el motor de la educación en Misiones, es el que viene generando mejoras”, expresó.
Sin embargo, consideró que para potenciar ese aporte es necesario combinar mayor autonomía con mecanismos de control y rendición de cuentas. “No quitarle apoyo, sino darle apoyo”, resumió sobre su postura respecto de las instituciones privadas.
Cazenave sostuvo que la discusión debe centrarse en cómo mejorar el sistema educativo en su conjunto, con información confiable y una distribución de los recursos que contemple las necesidades de cada comunidad. “Lo que pretendemos es ordenar, transparentar, ponerlo arriba de la mesa”, reiteró al explicar el sentido de la iniciativa.
El debate sobre el financiamiento de las escuelas públicas y privadas abre así una discusión sobre las prioridades del Estado provincial, el control de los subsidios y las condiciones que deben cumplir las instituciones para acceder a recursos provenientes de los contribuyentes.



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