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El litigio por la nacionalización de YPF vuelve a escalar con un movimiento que puede derivar en nuevas medidas contra la Argentina. Los beneficiarios del fallo que condena al país por US$16.100 millones anticiparon que presentarán un escrito formal el jueves 15 de enero ante la jueza Loretta Preska, con un pedido concreto: que el Estado argentino sea declarado en desacato y reciba sanciones económicas.
La presentación, según trascendió, se fundamenta en el supuesto incumplimiento de una orden que obliga al país a entregar determinados registros vinculados a comunicaciones de funcionarios públicos.
Qué reclaman los demandantes: el punto central del presunto incumplimiento
El especialista Sebastián Maril aportó detalles sobre el contenido de la medida que se busca impulsar en tribunales. Según explicó, la solicitud de desacato surge por el supuesto incumplimiento de una orden judicial que obliga al Estado argentino a presentar contenido de WhatsApp y otros servicios de mensajería similares correspondientes a ciertos funcionarios.
“Estas presentaciones resultan del supuesto (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no”, señaló Maril.
El dato agrega un condimento político e institucional al expediente: el eje deja de ser solo financiero y pasa a incluir la dinámica de cumplimiento judicial y colaboración de funcionarios y exfuncionarios requeridos.
Plazos: el escrito del 15 de enero y la defensa argentina prevista para el 19 de febrero
Según precisó Maril, la Argentina presentará su escrito de defensa el 19 de febrero, en respuesta a la ofensiva judicial de los demandantes.
De este modo, el expediente entrará en una nueva etapa con dos momentos clave:
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15 de enero: presentación de los demandantes pidiendo desacato y sanciones.
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19 de febrero: respuesta formal del Estado argentino.
Qué dijo la Procuración del Tesoro: “cumplimiento pleno” y entregas parciales
Tras conocerse la intención de los beneficiarios del fallo, fuentes de la Procuración del Tesoro difundieron una postura oficial en la que rechazaron las acusaciones de incumplimiento.
“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, afirmaron.
En la misma línea, indicaron que el proceso de entrega de información se está llevando adelante de forma progresiva: “Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”.
Además, remarcaron que la cooperación ha sido mayoritaria: “La gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.
La tensión de fondo: cumplimiento judicial y exposición institucional
Más allá del contenido económico del fallo, el nuevo pedido de desacato se vincula con una cuestión sensible: cómo se instrumenta el cumplimiento de requerimientos judiciales que incluyen comunicaciones privadas de funcionarios.
En ese punto, el caso YPF no sólo representa una presión financiera sobre la Argentina, sino también un conflicto institucional que expone el vínculo entre el Estado, su estrategia de defensa y los pedidos específicos de documentación exigidos por la Justicia.
Qué puede implicar un desacato
La declaración de desacato es un paso que, en términos judiciales, apunta a sancionar el presunto incumplimiento de una orden. En el marco de este expediente, los demandantes buscan que la jueza Preska aplique sanciones económicas como herramienta para forzar el cumplimiento total de los requerimientos.
En otras palabras: la presión no se limita a la sentencia por el monto principal, sino que podría sumar castigos adicionales si prospera el reclamo
