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El Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado resolvió admitir a Red Yaguareté como querellante en la causa que investiga la desaparición de los cachorros de la yaguareté Pará y la posible muerte de los ejemplares luego del traslado realizado en octubre de 2025 desde la zona de las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú hacia el Parque Provincial Esmeralda.
La organización, que desde hace más de 25 años trabaja por la conservación del yaguareté en Argentina, confirmó la resolución judicial a través de sus redes sociales y señaló que su participación tendrá como objetivo colaborar en el esclarecimiento de las responsabilidades vinculadas al operativo.
Desde la entidad expresaron que buscarán “establecer las responsabilidades en lo que ya está casi confirmado: la muerte de los dos cachorros de Pará luego de una translocación desaconsejada por todos los especialistas del mundo”.
En ese sentido, hicieron referencia a los informes presentados ante la Justicia por el Ministerio de Ecología de Misiones y el Proyecto Yaguareté/Conicet, documentos que, según indicaron, “llevan a creer lo peor de lo peor”.
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Pedido de nuevas pruebas y declaraciones de especialistas
Luego del traslado, la yaguareté Pará continuó siendo monitoreada mediante un collar satelital. Sin embargo, la tecnología disponible no permitió determinar con certeza la ubicación de sus cachorros, debido a que los ejemplares jóvenes no contaban con dispositivos propios de seguimiento.
Tras ser incorporada formalmente a la causa, Red Yaguareté presentó un escrito ante el juzgado en el que solicitó la realización de distintas pruebas técnicas para determinar con precisión qué ocurrió durante la translocación.
Además, pidió que presten declaración investigadores y especialistas nacionales e internacionales en materia de conservación, particularmente aquellos con experiencia en traslados de yaguaretés, con foco en casos que involucran a hembras con cachorros lactantes y las alternativas disponibles para reducir los riesgos.
La organización también solicitó que Parques Nacionales se constituya como querellante, en cumplimiento de la Disposición 264/24, y que se inicie un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades, debido a que ese organismo autorizó la captura dentro de la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península y aportó las jaulas utilizadas para el traslado.
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La investigación judicial
La causa se originó a partir de la denuncia penal impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien planteó la necesidad de determinar si las decisiones adoptadas durante el operativo respetaron los criterios técnicos y legales establecidos para la protección de especies en peligro de extinción.
En su presentación, el fiscal sostuvo que, al tratarse de una especie declarada Monumento Natural, las autoridades involucradas tienen “una posición de especial garante respecto de su conservación”.
Asimismo, señaló que la investigación debe establecer “si las decisiones y medidas adoptadas se ajustan plenamente a las obligaciones legales, técnicas y administrativas que rigen el manejo y conservación de fauna silvestre en peligro de extinción o si, por el contrario, pudieron haberse verificado omisiones, deficiencias o eventuales apartamientos respecto de los estándares exigibles en la materia”.
Reabrieron el Parque Provincial Moconá y volvieron los paseos náuticoshttps://t.co/RAoNJPde8b pic.twitter.com/TI6g7y0rIT
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