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El Tribunal Penal N° 1 de Posadas desarrollará este miércoles la undécima audiencia del juicio que investiga a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka por delitos relacionados con abuso sexual infantil. La jornada incluirá el testimonio de una perito psicológica clave que entrevistó a los imputados durante la etapa de instrucción judicial.
Se trata de la licenciada Luisella Lorenzo, integrante de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), declarará de forma virtual por razones médicas. Prestará testimonio ante los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, quienes integran el tribunal que lleva adelante el proceso.
Durante la declaración, los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, junto a las defensas de los imputados, formularán preguntas a la profesional. El fiscal Rau adelantó que abordarán las capacidades de culpabilidad de los acusados, y anticipó que se trata de una declaración relevante para la causa.
Durante la audiencia anterior, Eliana A. R. declaró como testigo de un allanamiento realizado en agosto de 2024 en la casa de Leonardo Kiczka, padre de los imputados. La testigo sostuvo que “la notebook secuestrada pertenecía a Germán Kiczka y que el padre insistió en que no la retiraran porque era de su hijo”.
En la misma jornada, los imputados ampliaron su declaración sin aceptar preguntas del tribunal. Sus abogados informaron al tribunal la decisión, que se incorporará como una de las últimas instancias antes de conocerse el veredicto.
Caso Kiczka: 603 videos de MASI y un abuso sexual
La causa contra los hermanos Kiczka los acusa de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). Además, Sebastián enfrenta otra imputación por abuso sexual contra una menor de 15 años, hecho ocurrido en un gimnasio de Apóstoles en 2023.
Durante la primera jornada, el tribunal detalló que Germán Kiczka habría distribuido al menos 900 archivos digitales con contenido de abuso infantil. Las víctimas involucradas en ese material tendrían menos de 13 años.
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El expediente incluye 603 videos con imágenes de menores y niños en situaciones de explotación sexual. La Fiscalía solicitó penas que rondan los 15 años de prisión efectiva para ambos acusados. El veredicto se conocería en las próximas semanas.
