El juez Miguel Ángel Faría, quien está a cargo de la causa contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, brindó detalles sobre los avances en la investigación, especialmente tras el allanamiento a la oficina del exdiputado en la Cámara de Representantes de Misiones.
Tras la requisa, el magistrado explicó el objetivo de la medida y los próximos pasos a seguir en esta causa que ha captado la atención pública.
Faría detalló que el allanamiento tenía como propósito registrar la oficina en busca de elementos vinculados a la causa. “El motivo fue registrar si había algún elemento que pudiera tener vinculación con la causa”, expresó el juez, quien ordenó el secuestro de diversos dispositivos electrónicos. Entre los elementos incautados se encuentran “una CPU, una notebook y un pendrive”, con el objetivo de analizar los archivos, algunos de los cuales podrían haber sido eliminados.
El juez también explicó que, según el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Misiones, se requería una autorización del presidente de la Cámara de Representantes para realizar el allanamiento. “Sorteamos un obstáculo al solicitar la autorización del presidente del cuerpo, el doctor Herrera Ahuad, quien autorizó el ingreso”, comentó, subrayando que la intervención del equipo de SAIC y de Cibercrimen fue clave para llevar a cabo el operativo.
Ante las consultas sobre la demora en realizar esta acción, Faría sostuvo que la medida estaba resguardada y no existía urgencia para proceder antes. “No había motivo para acelerar”, afirmó, y añadió que, si bien es una causa compleja, se están tomando todas las medidas necesarias a medida que surgen nuevos elementos.
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El juez evitó emitir una valoración sobre la expulsión del exdiputado Sebastián Kiczka de la Cámara, subrayando que “no voy a emitir juicio al respecto” para mantener la imparcialidad en su rol judicial. No obstante, aclaró que la investigación sigue su curso y que “en la medida que van apareciendo elementos, voy ordenando las medidas”.
En cuanto al material encontrado hasta ahora, Faría fue consultado sobre la posibilidad de que existan pruebas que apunten a la producción de material abusivo por parte de los imputados. “No consta en el expediente que ellos hayan producido ese tipo de material”, indicó, aunque no descartó que la investigación pueda avanzar en esa dirección. “Es como la punta de un iceberg”, agregó, sugiriendo que la causa podría tener implicancias más profundas.
El juez destacó la colaboración de la fiscal Daniela Dupuy y la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas como el software Clearview, que permitirá identificar víctimas a partir del análisis de los videos incautados. “Estamos utilizando un software que nos ayudará a determinar la edad de las víctimas y otros detalles relevantes en la investigación”, explicó, calificando el caso como uno de los más resonantes en cuanto a material de abuso infantil.
Finalmente, el juez confirmó que el análisis de la computadora personal de Sebastián Kiczka, obtenida en el allanamiento de agosto, está en proceso y que “se está revisando y analizando todo el material” en busca de pruebas adicionales.
