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La causa por presunta corrupción de menores en la Escuela de Frontera 617 de El Soberbio sumó un nuevo capítulo con la reciente detención del docente investigado, quien habría incumplido restricciones judiciales al contactar a las víctimas a través de redes sociales.
Del aula al hostigamiento digital: detienen al docente acusado de abuso
El abogado querellante, Adrián Gianini, confirmó que la medida se concretó tras comprobarse el hostigamiento digital: “En las últimas horas se hizo efectiva la detención”, afirmó en el programa La última Rosca emitido por Radio Up, y remarcó que el acusado “nunca debió recuperar la libertad”, en referencia a la excarcelación otorgada el 23 de diciembre.
Según detalló, una de las claves para revocar ese beneficio fue el incumplimiento de las reglas de conducta: “Hubo un contacto prohibido el docente comenzó a contactar con las víctimas”, explicó. En ese sentido, agregó que la investigación digital fue determinante: “La Fiscalía de Ciberdelitos pudo constatar 100% que la cuenta de hostigamiento pertenecía al imputado”.
La causa se originó en septiembre de 2025, tras la denuncia de padres de alumnos de la institución, quienes describieron situaciones de extrema gravedad ocurridas dentro del ámbito escolar: “En horas de clases llevaba a niños y niñas de 9 a 13 años a un aula a solas y les tomaba fotos y videos, ordenando distintas poses de carácter sexual”, relató uno de los denunciantes.
Para el querellante, los hechos no dejan lugar a dudas: “Hay pruebas contundentes de que hubo acoso sexual físico dentro de la escuela primaria”, sostuvo, y advirtió que el accionar del docente continuó incluso después de haber sido liberado, a través del hostigamiento en redes sociales como TikTok.
Además, Gianini cuestionó duramente el rol institucional en el caso, señalando que el acusado fue “protegido” tras su excarcelación. Según indicó, el Consejo General de Educación lo relocalizó en la Supervisión de Escuelas de Frontera de Oberá mediante una resolución administrativa, en lugar de apartarlo completamente de funciones.
“Podemos confirmar que hay cómplices”, aseguró el abogado, ampliando las responsabilidades más allá del imputado. También denunció irregularidades en la investigación judicial: “No se está investigando más que al imputado se deberían abrir otras líneas”.
Otro punto crítico señalado por la querella es la demora en la resolución de una recusación contra el juez interviniente: “La presentamos el 11 de febrero y ya vamos para casi tres meses”, explicó, calificando la situación como de “gravedad institucional muy fuerte”.
Mientras avanza la investigación, las familias reclaman garantías de protección para las víctimas y el esclarecimiento total de los hechos denunciados, que habrían ocurrido en el ámbito educativo y en horario escolar.
