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La madre de Aralí Vivas, Milagros Rauch, su padrastro, Matías Ezequiel Simeone, y Cristian Hernán Varela, amigo de la pareja, fueron condenados a prisión perpetua por el abuso sexual y asesinato de la niña de 8 años. El veredicto fue dictado por un jurado popular en los tribunales de San Francisco, Córdoba.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann, en el noreste provincial. Los peritajes confirmaron que la niña había sido abusada sexualmente y que murió por asfixia manual. Además, se determinó que el incendio de la habitación donde encontraron su cuerpo fue provocado para ocultar lo sucedido.
Simeone y Varela fueron juzgados por homicidio calificado y abuso sexual agravado. En el caso de Varela, también se contempló el delito de estrago doloso por haber iniciado el fuego. Rauch fue acusada como partícipe necesaria del hecho.
Durante el juicio, las defensas solicitaron la absolución de los acusados, pero el jurado popular resolvió imponer la pena máxima.
Las alertas previas al crimen de Arali
El caso también expuso las condiciones de extrema violencia y vulnerabilidad en las que vivían Aralí y sus hermanos. Antes del asesinato, familiares y vecinos habían realizado denuncias y advertencias por la situación de los menores.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) había intervenido y ordenado tratamientos para la pareja, tras los cuales restituyó a los niños. Luego del crimen, surgieron cuestionamientos sobre la actuación del organismo y se informó que se había dispuesto una investigación interna.
El asesinato de Aralí generó una fuerte conmoción en Córdoba y renovó los reclamos para esclarecer las responsabilidades por las alertas que, pese a las intervenciones previas, no evitaron el desenlace.
