//
La posibilidad de que se instale una nueva estación de peaje en la zona de Puerto Rico abrió un frente de cuestionamientos políticos, productivos y comerciales en el centro de Misiones. El intendente Carlos Koth expresó su rechazo a la iniciativa y anticipó que buscará articular una posición conjunta con municipios, empresarios, comerciantes y representantes de la producción para solicitar que la decisión sea revisada.
En una entrevista con el programa Realidad Mixta, por Radio Up, Koth aseguró que el municipio tomó conocimiento de la iniciativa a través de su publicación oficial y consideró que la medida aparece en uno de los momentos económicos más complejos para quienes desarrollan actividades productivas y comerciales. “Realmente nosotros nos hemos enterado por el Boletín Oficial y es lamentable. Es un bofetazo más que nos da el Gobierno nacional en un contexto económico tan complicado”, sostuvo.
Para el jefe comunal, incorporar un nuevo costo sobre una de las principales arterias de Misiones podría tener consecuencias que exceden ampliamente a los automovilistas particulares. “Una estación de peaje viene a complicar y a estropear el trabajo, el poco trabajo que por ahí se puede venir haciendo”, planteó.
Koth cuestionó que los usuarios deban volver a financiar el mantenimiento de las rutas
Uno de los principales argumentos expuestos por el intendente está relacionado con el costo que ya afrontan los usuarios a través de los impuestos incluidos en los combustibles.
Koth sostuvo que existe una contradicción entre la carga que soportan quienes utilizan las rutas y el estado de la infraestructura vial nacional. “No solamente han triplicado el impuesto a las naftas desde que asume el gobierno de Milei, sino que ahora otra vez están pretendiendo que la gente, a través del peaje, pueda mantener la ruta”, cuestionó.
El intendente mencionó además que actualmente alrededor del 19% del valor de cada litro de combustible corresponde a impuestos, según expresó durante la entrevista, y reclamó que esos recursos tengan como destino efectivo la conservación de la red vial. “No solamente han triplicado el impuesto a la nafta, sino que no lo vuelcan al mantenimiento de la ruta”, afirmó.
En ese contexto, Koth planteó otro interrogante: en qué condiciones serán entregadas las rutas nacionales a las empresas que eventualmente tengan a su cargo las nuevas concesiones.
Según explicó, una concesionaria cobra una tarifa precisamente para realizar tareas vinculadas al mantenimiento y conservación del corredor, por lo que consideró que previamente la infraestructura debería encontrarse en condiciones adecuadas. “Si van a abrir una estación de peaje nueva, el Estado, cuando tenga que entregar la ruta, tendría que entregarla por lo menos en condiciones óptimas para que se pueda hacer el mantenimiento”, señaló.
La distancia entre los peajes, otro punto del cuestionamiento
Koth también puso el foco en la cantidad de estaciones que quedarían emplazadas sobre la Ruta Nacional 12 y en las distancias existentes entre ellas.
Según indicó, entre algunos de los puntos previstos habría menos de 90 kilómetros, situación que, a su entender, profundizaría el costo de circular por uno de los corredores económicos más importantes de Misiones. “La cantidad de kilómetros que existen entre peaje y peaje no llega a 90 kilómetros”, afirmó.
El intendente hizo referencia a las estaciones de Santa Ana y a la proyectada en la zona identificada en el pliego como Apipé, además de los restantes puntos del corredor del Alto Paraná. “En verdad, en el pliego está Apipé. No llegan a 90 kilómetros. Ni legalmente dan el kilometraje para tener semejante cantidad de peajes”, sostuvo Koth.
El planteo adquiere particular relevancia por la dinámica económica de la Ruta 12, utilizada diariamente por transporte de cargas, trabajadores, empresas, productores y vecinos que se desplazan entre diferentes localidades.
El impacto sobre Puerto Rico, Capioví y Ruiz de Montoya
Para Koth, el debate no puede reducirse exclusivamente al municipio de Puerto Rico. La circulación sobre ese tramo de la Ruta 12 forma parte de una estructura económica regional que vincula a varias localidades. “El gran movimiento que tiene la zona de Apipé, Puerto Rico, Capioví, Ruiz de Montoya, industriales, productores, comerciantes, el turismo mismo; cuando hablamos de menos de 90 kilómetros y tener tres peajes, también esto atrasa todo”, advirtió.
La preocupación pasa especialmente por los sectores que necesitan trasladarse constantemente por la ruta. Para una empresa de transporte o una industria, por ejemplo, el costo del peaje pasa a formar parte de la estructura logística y puede terminar trasladándose al precio final de productos y servicios.
Puerto Rico ocupa además una posición estratégica dentro del corredor de la Ruta 12, con una fuerte actividad industrial, comercial y productiva, por lo que una modificación de los costos logísticos tendría efectos que podrían extenderse a buena parte de la región. “Es algo que no tiene forma de ser. Hay que apelar al sentido común también y creo que debemos oponernos”, resumió el intendente.
Convocan a intendentes, comerciantes y productores para elaborar un documento
Ante este escenario, Koth adelantó en Realidad Mixta que el municipio decidió avanzar más allá del rechazo público y convocar a diferentes actores de la región.
La reunión está prevista para el miércoles en la Municipalidad de Puerto Rico. “Hemos convocado a una reunión aquí en el municipio donde queremos elaborar entre varios entes un documento para entregar a todos los entes nacionales, para ver la posibilidad de que se revea esta estación de peaje”, anunció.
La intención es construir una posición regional y no solamente municipal. De acuerdo con lo señalado por el jefe comunal, participarían representantes de la Cámara de Comercio, intendentes de localidades de la zona y otros actores vinculados con la producción y la actividad empresarial.
Koth también mencionó al diputado Arnold, quien, según expresó durante la entrevista, presentó un pedido de informes en la Cámara de Representantes de Misiones relacionado con la cuestión. “Vamos a estar reunidos acá para elaborar un documento en conjunto, para ver si realmente nos escuchan o podemos hacer algo con esto que para el Gobierno nacional ya es un hecho consumado”, señaló.
“Los intendentes somos los que tenemos que poner la cara”
El intendente de Puerto Rico reconoció además que el malestar ya comenzó a trasladarse directamente al municipio, pese a que la decisión sobre las rutas nacionales no depende de la administración comunal.
Koth relató incluso una conversación reciente con una vecina para ejemplificar cómo las demandas terminan recayendo sobre los gobiernos locales. “Hace un rato me llamó una señora pidiendo: ‘Usted es el padre del pueblo’”, recordó.
A partir de esa situación, sostuvo que los intendentes terminan convirtiéndose en los receptores inmediatos de reclamos derivados de decisiones adoptadas por otros niveles del Estado. “Nosotros somos los que tenemos que poner la cara, como siempre. El intendente es el que tiene que poner la cara y estar en el día a día con todas estas cuestiones”, expresó.
Un nuevo foco de tensión entre los municipios y la Nación
El posible peaje abre así una discusión que combina infraestructura vial, presión tributaria, competitividad y federalismo.
Para los municipios ubicados sobre la Ruta Nacional 12, el corredor no constituye solamente una vía de tránsito: es la principal conexión entre zonas productivas, parques industriales, centros comerciales y destinos turísticos de Misiones, además de formar parte de la salida terrestre hacia Corrientes y el resto del país.
Desde esa perspectiva, Koth insistió en que cualquier incremento en el costo de circulación debe analizarse por su impacto sobre toda la economía regional y no exclusivamente desde el esquema financiero de una concesión vial.
El encuentro convocado para el miércoles en Puerto Rico buscará convertir esas objeciones en un planteo institucional conjunto y elevarlo ante organismos nacionales. “Es realmente una afrenta”, definió Koth al cuestionar que se vuelva a cobrar a los usuarios para financiar infraestructura que, a su criterio, debería encontrarse en mejores condiciones con los recursos que ya recauda el Estado.
La reunión será, de este modo, el primer movimiento político e institucional organizado en la región para intentar frenar o modificar una decisión que, según afirmó el intendente de Puerto Rico, desde la perspectiva del Gobierno nacional aparece hasta el momento como un “hecho consumado”.
