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El intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se presentó este miércoles a prestar declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presuntos hechos de abuso sexual, amenazas y hostigamiento.
Durante la audiencia, el jefe comunal negó las acusaciones y sostuvo que el único vínculo con la denunciante fue de carácter laboral. Acompañado por su abogado, decidió hacer uso de la palabra ante el juez Manuel Balanda Gómez y brindó una extensa exposición en la que detalló su versión de los hechos.
La defensa y las coartadas
En relación al episodio denunciado, que habría ocurrido el 4 de septiembre en el Concejo Deliberante local, Peyer reconoció haber estado en el lugar, pero explicó que su presencia respondió a un motivo institucional. Según indicó, asistió para agasajar a las secretarias por su día, entregando presentes y saludando brevemente, entre ellas a la denunciante.
Respecto a un supuesto hecho de acoso durante una sesión del 29 de septiembre, el intendente afirmó que no asistió ese día al recinto deliberativo, ya que se tratarían temas salariales y prefirió evitar conflictos.
También rechazó las acusaciones de amenazas hacia la hija menor de la denunciante. En ese punto, aseguró que no se encontraba en la localidad y que había viajado para asistir a un colono en un traslado hacia Montecarlo. Como respaldo, ofreció presentar un comprobante de carga de combustible para sustentar su coartada.
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Tras la indagatoria, Peyer continúa el proceso en libertad, aunque sujeto a medidas restrictivas previamente impuestas por la Justicia, entre ellas una prohibición de acercamiento a la denunciante.
La causa sigue su curso con la recolección de pruebas. Se esperan los resultados de pericias técnicas sobre dispositivos electrónicos, a cargo de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones, así como informes psicológicos tanto de la denunciante como del acusado.
Una vez reunidos estos elementos, el expediente será remitido al fiscal Héctor Simon, quien deberá evaluar el conjunto probatorio y definir si corresponde la elevación a juicio o la falta de mérito.
Cabe recordar que, por su cargo, el intendente cuenta con inmunidad legal, lo que impidió su detención pese a los pedidos de la querella. No obstante, sí se realizaron allanamientos en su domicilio y en dependencias municipales.
El caso continúa en etapa de investigación y podría tener definiciones en las próximas semanas, en un proceso que mantiene en tensión el ámbito político y judicial de la provincia.
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