En el marco de la concientización sobre el cáncer de mama, la abogada Mercedes López abordó el acceso a la salud desde una perspectiva jurídica y explicó cuáles son los derechos de las pacientes frente a las negativas de cobertura de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Durante su visita a los estudios de Radio Up, en su columna habitual en La Última Rosca, destacó la importancia de garantizar tanto los estudios necesarios para llegar a un diagnóstico como los tratamientos indicados por los profesionales médicos.
López sostuvo que el derecho a la salud debe analizarse desde tres ejes fundamentales: la prevención y el diagnóstico, el acceso a los tratamientos y la protección de la dignidad humana. En ese sentido, enfatizó: “La dignidad humana no se prueba, es algo inherente a la persona”, y advirtió que, en numerosas ocasiones, ese principio se ve vulnerado por cuestiones burocráticas.

El PMO no puede ser un límite para la cobertura
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el alcance del Programa Médico Obligatorio (PMO) y las obligaciones de las obras sociales y prepagas frente a los tratamientos oncológicos. La abogada explicó que contempla prestaciones vinculadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de determinados cánceres, entre ellos el de mama y el de cuello uterino.
Sin embargo, aclaró que las prestaciones incluidas en el programa constituyen una cobertura mínima y no una lista cerrada que permita rechazar cualquier práctica que no figure expresamente en ella: “Lo que establece el Programa Médico Obligatorio es únicamente un piso prestacional. Nunca puede constituir un techo excluyente”, señaló López, al referirse a los criterios jurisprudenciales que respaldan el acceso a prestaciones médicas necesarias, incluso cuando no están contempladas de manera específica en ese programa.

Como ejemplo, mencionó un caso judicial de Mendoza en el que una afiliada de una empresa de medicina prepaga, diagnosticada con cáncer de mama a los 54 años, necesitaba un estudio específico para definir su tratamiento. La cobertura fue rechazada porque la práctica no estaba incluida en el PMO, pese a que el equipo médico la consideraba necesaria.
El caso llegó a la Justicia mediante un amparo de salud y, según relató la abogada, tanto en primera instancia como en la instancia de apelación se resolvió a favor de la paciente.
La profesional remarcó que la ausencia de una prestación en el PMO no implica, por sí sola, que la obra social o prepaga quede eximida de cubrirla, especialmente cuando existe una indicación médica fundamentada y su realización resulta necesaria para abordar la enfermedad.

Medicamentos de alto costo y autorizaciones parciales
López también se refirió a la frecuencia de los rechazos de cobertura, particularmente en tratamientos oncológicos y prestaciones vinculadas con la discapacidad. Entre los motivos que suelen generar conflictos, mencionó el elevado costo de determinadas medicaciones y las negativas a autorizar tratamientos específicos prescriptos por los profesionales tratantes: “En la práctica, al revés, digamos”, expresó al comparar la prioridad que debería tener el derecho a la salud frente a los intereses económicos de las empresas con lo que sucede en numerosos casos de rechazo.
La abogada explicó que los conflictos no se limitan a la denegación total de una prestación. También existen autorizaciones parciales que pueden impedir que una paciente acceda efectivamente al tratamiento.
Como ejemplo, mencionó situaciones en las que se aprueba la medicación o el procedimiento, pero se rechaza el traslado hasta el lugar donde debe realizarse o la cobertura de un acompañante. Estas prestaciones pueden resultar necesarias cuando el tratamiento requiere viajar a otra localidad o cuando sus efectos hacen indispensable contar con asistencia durante el proceso y la recuperación.
En ese contexto, advirtió que una cobertura incompleta puede convertirse en un obstáculo concreto para acceder a la atención médica.
Qué documentación se necesita para presentar un amparo de salud
Ante una negativa de cobertura, López explicó que es fundamental reunir la documentación que permita acreditar la necesidad médica y el perjuicio que genera la decisión de la entidad.
Entre los elementos relevantes mencionó la historia clínica, la indicación del mastólogo o del oncólogo, la prescripción del tratamiento o la medicación y la constancia de la solicitud presentada ante la obra social o prepaga, junto con el rechazo recibido.
También señaló que puede existir una demora injustificada o un silencio reiterado frente a un pedido de autorización. Cuando esa falta de respuesta perjudica la salud de la paciente o compromete la continuidad del tratamiento, la vía judicial puede ser una alternativa para reclamar la cobertura.
No obstante, aclaró que el amparo no es necesariamente la respuesta en todos los casos. Su procedencia depende de las circunstancias particulares, de la conducta de la entidad y de la urgencia o el riesgo que enfrenta la persona.
El derecho a la salud también alcanza la etapa previa al diagnóstico de cáncer
Hacia el final de la entrevista, la abogada hizo hincapié en una cuestión que, según explicó, suele quedar relegada cuando se habla de amparos por cáncer de mama: la cobertura de los estudios necesarios antes de confirmar la enfermedad: “Antes del diagnóstico también es importante y hay cobertura y debe haber cobertura”, afirmó.
López indicó que, cuando existen antecedentes, enfermedades de base o una indicación médica que justifica estudios específicos, también pueden surgir conflictos con las obras sociales y prepagas. Por eso, sostuvo que el acceso a la salud no debe pensarse únicamente desde el momento en que se confirma el diagnóstico, sino desde las primeras instancias de evaluación médica.
Además, recordó que los reclamos judiciales pueden estar relacionados con la continuidad de los tratamientos y con otras prestaciones, como la reconstrucción mamaria, según las necesidades y circunstancias de cada paciente.
Finalmente, la abogada insistió en que garantizar el derecho a la salud implica contemplar no solo la dimensión médica, sino también las consecuencias emocionales, familiares y sociales que atraviesan las personas y sus entornos durante una enfermedad oncológica.



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