El diputado provincial y referente tabacalero del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el coordinador de Tabaco de la Nación, Marcelo Horacio Reinoso, por presuntas irregularidades en la administración de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) destinados a Misiones.
La presentación solicita investigar posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de actos de oficio, entre otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.
30 programas pendientes y más de $97.000 millones en juego
Según la denuncia, Misiones tiene 30 subcomponentes de Programas Operativos Anuales (POA) pendientes de aprobación. De ese total, 12 cuentan con expedientes formalmente abiertos por $74.485 millones, mientras que los otros 18, por $22.783 millones, ni siquiera tienen número de expediente asignado.
En conjunto, los proyectos representan $97.268 millones destinados a iniciativas productivas, sanitarias, de infraestructura y asistencia para las familias tabacaleras.
Bárbaro sostuvo que las demoras comprometen recursos fundamentales para el sostenimiento de la actividad y la atención de necesidades esenciales de miles de productores rurales.
Cuestionamientos por prestaciones sanitarias y distribución de fondos
Uno de los casos señalados corresponde a un programa de prestaciones sanitarias aprobado en febrero de 2025, antes de la asunción de Reinoso. Sin embargo, la presentación sostiene que la iniciativa correspondiente a 2026 permanecía sin aprobación al cierre de octubre, pese a contemplar un incremento del 25% en su monto.
Además, el legislador cuestionó que no se convocara a la comisión encargada de determinar los coeficientes de distribución del Fondo Especial del Tabaco entre las provincias productoras. Según indicó, el plazo para realizar esa convocatoria venció el 30 de septiembre de 2026.
La denuncia también plantea interrogantes sobre la recaudación del FET, el control de los aportes de las empresas fabricantes de cigarrillos y el ingreso de recursos vinculados con el impuesto mínimo a ese producto.
La Justicia deberá investigar las responsabilidades
Bárbaro solicitó que se requiera documentación a la Secretaría de Agricultura, al Ministerio de Economía, a ARCA y al Banco Nación, además de ofrecer como testigos a representantes de ACTIM, APTM y la Cámara del Tabaco de Misiones.
La presentación quedó radicada ante la Fiscalía Federal de Oberá y solicita la apertura de una investigación penal preparatoria, con producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales.
Las conductas denunciadas deberán ser investigadas por la Justicia, que determinará si existieron incumplimientos administrativos y si estos constituyen delitos.
Desde el PAyS señalaron que el objetivo es esclarecer las responsabilidades por las demoras y garantizar que los recursos del Fondo Especial del Tabaco lleguen a los productores misioneros conforme a la legislación vigente.