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Este martes 6 de mayo se llevará a cabo una reunión del plenario de comisiones que integran Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia con el objetivo de tratar la baja de edad de punibilidad. Intentarán elaborar un dictamen que proponga la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años, centrado en condenar a menores de edad por delitos graves.
Tras varias reuniones que fueron suspendidas, una debido a los feriados de Pascuas, otra por el fallecimiento del Papa Francisco, y una tercera por el temor a no alcanzar el quórum debido al feriado del 1 de mayo, finalmente se concretará esta nueva reunión.
En junio de 2024, el Gobierno presentó un proyecto de ley para reformar el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Esta iniciativa fue promovida por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con la intención de “terminar con la impunidad” y establecer que “el que las hace, las paga”, según manifestaron en declaraciones oficiales.
Entre los principales puntos del proyecto se establece que los menores de 13 años no serán punibles. Sin embargo, los adolescentes de entre 13 y 18 años podrán ser imputados por delitos tipificados en el Código Penal. Además, se prevé sancionar a los adultos que actúen como instigadores de estos delitos.
Las penas para los adolescentes imputados podrían llegar hasta 20 años de prisión. El proyecto contempla que estos jóvenes sean alojados en "establecimientos especiales" o en "secciones separadas" dentro de los complejos penitenciarios, donde contarán con personal especializado y programas de reintegración social.
Asimismo, se propone modificar artículos de la Ley 22.278, que regula el régimen penal de menores, para adaptarlos a las nuevas disposiciones. Sin embargo, esta propuesta generó críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia, quienes argumentan que bajar la edad de imputabilidad contradice la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales.
También advierten que esta medida podría incrementar la criminalización de la juventud sin abordar las causas estructurales de la delincuencia juvenil.
El proyecto del Gobierno busca endurecer el régimen penal juvenil al permitir la imputación de adolescentes desde los 13 años, con penas significativas y un régimen de detención específico. No obstante, enfrenta un debate parlamentario activo y críticas desde diversos sectores de la sociedad.
