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El Juzgado Nacional del Trabajo N°3 resolvió este lunes suspender la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/24, impulsado por el gobierno de Javier Milei para restringir el derecho de huelga en diversas actividades. El abogado laboralista Lucas Battiston explicó en diálogo con Radio Up que la medida judicial responde a una cuestión formal: “No se cumplen los requisitos para dictar un decreto de necesidad y urgencia, porque el Congreso está funcionando y no hay una emergencia que justifique su uso”.
La sentencia fue dictada tras la presentación de amparos por parte de ATE y la CGT, dos de las principales centrales sindicales del país. Battiston precisó que ambos fallos —emitidos por el mismo juzgado— “son prácticamente iguales”, y suspenden la aplicación del DNU tanto para los trabajadores representados por la CGT como para los de ATE.
El cuestionado DNU 340/24 ampliaba significativamente las actividades consideradas “servicios esenciales” y creaba una nueva categoría: las “actividades de importancia trascendental”. Según Battiston, esto suponía una restricción indirecta del derecho de huelga, al exigir una prestación mínima obligatoria durante las medidas de fuerza: “El decreto planteaba que debía garantizarse un 75% del servicio en los esenciales y un 50% en los trascendentales. Eso disminuye sensiblemente el poder de daño de una huelga”.
El abogado detalló que, antes del decreto, la única limitación al ejercicio del derecho de huelga estaba contemplada en el artículo 24 de la Ley 25.877, que refería a servicios básicos como el agua potable o aquellos que pudieran afectar la seguridad de la población. “Lo que hizo el decreto fue estirar mucho esa categoría y meter ahí actividades como la docencia, los servicios bancarios o cualquier tarea que pudiera afectar el funcionamiento de la economía”, explicó Battiston.
Aunque el fallo judicial es de primera instancia y puede ser apelado por el Ejecutivo, Battiston señaló que el argumento técnico de la jueza “es sólido” y que no aborda de fondo la validez o no de las restricciones al derecho de huelga. “Se limitó a suspender la aplicación por la vía formal: no es legal que el Poder Ejecutivo intente legislar cuando eso le corresponde al Congreso”.
Al ser consultado sobre si existe una justicia laboral alineada con los sindicatos, Battiston fue cauto: “No se puede meter a todos los jueces en la misma bolsa. Algunos son más proclives al movimiento sindical, otros no. Pero en este caso, la sentencia está fundada en el respeto al sistema republicano”.
También se refirió al delicado equilibrio que implica el derecho de huelga, al que definió como “un derecho muy particular porque, a diferencia de otros, permite generar un daño”. En ese sentido, aclaró que, si bien hay espacio para discutir los límites razonables de su ejercicio, “ese debate debe darse en el Congreso, no por decreto”.
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Finalmente, Battiston recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque promueve normas sobre libertad sindical y negociación colectiva, no tiene un convenio específico sobre huelga. “Nunca se legisló sobre eso porque la OIT es un organismo tripartito, y el grupo de los empleadores siempre se opuso a regular este derecho”.
El fallo marca un nuevo revés judicial para los intentos del Gobierno nacional de avanzar por decreto sobre derechos laborales, como ya ocurrió con otros artículos del DNU 70/23. La discusión de fondo, mientras tanto, queda en suspenso, a la espera de que el Congreso —o la Justicia, en instancias superiores— decida hasta dónde pueden llegar las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Te dejamos la entrevista completa:
