El ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones explicó por qué no existe ningún antecedente en la provincia, de un juzgado que acepte a una asociación sin fines de lucro como querellante en una causa por corrupción. “Nuestros tribunales no están para eso, están para las contiendas regionales entre vecinos, pero no van a investigar nunca al poder”, señaló.
El fallo de la Cámara de Casación Federal que por mayoría anuló el sobreseimiento a la vicepresidente Cristina Kirchner en la causa por lavado conocida como “La Ruta del Dinero K” se concretó por la admisión de la asociación “Bases Republicanas” como particular damnificado y querellante, en un expediente en el que las partes acusadoras originales –el fiscal Guillermo Marijuan, la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos– desistieron de mantener la acusación contra la ex presidenta.
En ese marco, el ex vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Rodrigo Bacigalupi, fue consultado por el programa “La Última Rosca” que se emite por Radio Up 95.5, sobre la inédita situación en la que una ONG interviene en una causa por corrupción en el Estado. Y explicó por qué esto no podría ocurrir jamás en Misiones, donde, según Bacigalupi, los juzgados no investigan al poder político.
Respecto de si una ONG como “Bases Republicanas” que tiene por objetivo “colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados”, podría intervenir en causas por corrupción en Misiones, Bacigalupi fue lapidario en su negativa. “Para mí es bastante extraña la admisión de esta ONG, pero extraña porque yo no participo de esta clase de proceso, no soy un especialista en procesos penales. En nuestra provincia tenemos la figura del querellante penal que puede (intervenir en causas) naturalmente acreditando el interés que tiene”, explicó el profesor universitario.
Una asociación como Bases Republicanas, “que tenga como fin en promover las investigaciones y si dentro de su objeto aceptado por el Estado e inscripto en Personas Jurídica, está la participación en causas penales en defensa de erario público, la moral pública, la licitud, la ética ciudadana, la ética de las autoridades, de los gobernantes, y si todo esto está dentro de su objeto social, esa participación será lo que los jueces tienen que decidir su admiten o no”, argumentó Bacigalupi.
Sin embargo, “en Misiones que yo sepa no hay ningún antecedente de esta clase y difícilmente lo haya, porque acá no tenemos tribunales que puedan investigar causas de delito, de corrupción y demás. Nuestros tribunales no están para eso, nuestros tribunales están para las contiendas regionales entre vecinos, pero no van a investigar nunca al poder. O sea, acá sabemos que la justicia no está para controlar al poder, sino para ayudarlo a que funcione”, fustigó Bacigalupi, en duros términos al funcionamiento del Poder Judicial misionero, en una provincia que, desde hace décadas, el oficialismo renovador controla completamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
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