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Los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas registraron un fuerte incremento durante los primeros ocho meses de 2026. Según datos oficiales obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública, el organismo aplicó 135.744 medidas entre enero y agosto, un 52% más que en el mismo período de 2025, en un contexto de caída de las ventas, dificultades para acceder al financiamiento y problemas de liquidez en el sector productivo argentino.
El crecimiento de estas medidas se reflejó en la evolución mensual. Mientras que en enero se contabilizaron 1.051 embargos, en agosto la cifra llegó a 29.561, el registro más elevado del período analizado.
Las microempresas fueron las más afectadas por los procedimientos de cobro. De los embargos registrados, 113.116 correspondieron a este segmento, lo que representa más del 80% del total. En términos económicos, las medidas involucraron $285.391 millones y alcanzaron a aproximadamente 42.100 empresas, debido a que una misma firma pudo recibir más de un embargo.
Cómo funcionan los embargos de ARCA
Las medidas se enmarcan en los juicios de ejecución fiscal que el organismo inicia para cobrar deudas tributarias exigibles. Durante estos procedimientos, ARCA puede solicitar distintas medidas cautelares, entre ellas el bloqueo de fondos en cuentas bancarias, el embargo de créditos pendientes de cobro y la inhibición general de bienes.
El tributarista Sebastián Domínguez advirtió que uno de los principales cuestionamientos del sector empresario está relacionado con la rapidez con la que se ponen en marcha las ejecuciones judiciales.
“Lo que está pasando ahora es que el Fisco a los días ya inicia el juicio de ejecución incluso sin intimar el pago de ese saldo de la declaración jurada y eso termina en embargo”, sostuvo el especialista.
Ante esta situación, Domínguez planteó la necesidad de establecer una instancia previa que permita a las empresas regularizar sus obligaciones antes de que se concrete el bloqueo de sus activos. La propuesta apunta a incorporar una intimación formal que otorgue un plazo para resolver las deudas y evitar medidas que puedan afectar la operatoria comercial.
El reclamo de las entidades empresariales
El avance de los embargos también generó preocupación entre las organizaciones empresariales. Durante este año, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades solicitaron suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pymes, con el argumento de que estas medidas pueden agravar las dificultades financieras de las compañías.
El bloqueo de las cuentas bancarias limita la disponibilidad de dinero para afrontar gastos cotidianos, como el pago de salarios, cargas sociales, proveedores y otros compromisos operativos. Esta situación representa una dificultad adicional para las empresas que ya enfrentan una retracción de las ventas y problemas para sostener su rentabilidad.
Pese al aumento de las medidas, los registros oficiales indican que 30.941 contribuyentes regularizaron su situación entre enero y agosto, mediante la adhesión a planes de facilidades de pago o la cancelación de las deudas que habían originado los embargos.
El escenario mantiene abierto el debate sobre los mecanismos de cobro de las obligaciones tributarias y la necesidad de establecer alternativas que permitan a las empresas cumplir con sus compromisos fiscales sin comprometer la continuidad de sus actividades.
