El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Héctor Rojas Decut, explicó que la acción se enmarca dentro de una política de prevención de apuestas ilegales y juego responsable: “Venimos realizando diferentes tipos de acciones, más allá de campañas de concientización y prevención, como acciones judiciales, legales. Hemos hecho denuncias penales a determinadas plataformas”.
Rojas Decut detalló que la reciente disposición judicial surgió de un pedido autosatisfactivo presentado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 3 a cargo del doctor Martín López, con el objetivo de bloquear de manera directa e inmediata páginas que estaban operando sin ningún tipo de habilitación y sin control de acceso hacia menores de edad.

“Hay una cooperación entendiendo que el fin superior acá, el interés jurídico a tutelar, es el menor y el adolescente. Esto es una política de Estado y un juego responsable para la provincia de Misiones, sobre todo tutelando a los menores de edad que son los más vulnerables”, subrayó Rojas Decut, destacando los riesgos económicos y emocionales que generan las apuestas ilegales: “Causa todo tipo de perjuicios emocionales y económicos que trascienden incluso a los chicos y atenta contra el grupo familiar”.
El funcionario señaló que las únicas plataformas habilitadas para juego online en Misiones son aquellas con dominio .bet.ar: “Misiones tiene cuatro páginas habilitadas. Todas las demás, por decantación, son páginas que no están habilitadas”, aclaró.
Sobre el alcance del bloqueo, explicó: “El Poder Judicial ha dictado una medida de bloqueo inmediato de 112 páginas y se instruye a todos los proveedores de internet a que tomen medidas en eso”. Además, indicó que se estableció un canal de denuncias a través del IPLyC para identificar nuevas plataformas irregulares y facilitar futuras intervenciones: “Mas allá de que se recibe la información, se constata que efectivamente pueda acceder un menor de edad y ese tipo de cuestiones para poder llevarlo a la justicia”.
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Rojas Decut aclaró que no se busca perseguir a los responsables fuera de la provincia, muchos de los cuales operan desde el exterior: “En la mayoría de los casos están radicados en paraísos fiscales, no tienen nombre y apellido, entonces no es una cuestión sencilla”. Por eso, el foco de la medida es impedir que los menores y los sectores vulnerables puedan acceder a estas plataformas.
La acción judicial se enmarca en un trabajo conjunto con la Fiscala de Ciberdelito y convenios con otras provincias, con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger a los jugadores: “La idea es seguir con este tipo de acciones y mantener la protección hacia nuestros chicos y los más vulnerables”, concluyó Rojas Decut.
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