A casi un mes de disponerse la intervención al Partido Justicia de Misiones (PJ) por parte de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, arribaron a Posadas los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodriguez para iniciar el proceso ordenado por el órden nacional.
La intervención solicitó a los apoderados legales Roberto Fernández Meire y Roberto Albornoz que en el transcurso de este martes 18 se haga de los bienes del PJ Misiones, a partir de la entrega de las llaves de la sede y de los otros elementos que corresponden al partido local.
Sin embargo, denunciaron haber recibido «amedrentamientos» por parte de militantes de la gestión intervenida, que encabezan Miriam Comparin (expresidente) y Alberto Arrúa (secretario General y apoderado además de diputado nacional).
Cuestionaron la presencia de policías de Misiones dentro de la sede que les impidieron el acceso, «a pesar de contar con la ratificación de la medida de intervención por parte de la jueza María Servini», ratificó Fernández Meire en conferencia de prensa dada en la sede del gremio SMATA de Posadas esta noche.
El abogado del justicialismo nacional confirmó que el juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero (que subroga a su par con competencia electoral, María Verónica Skanata de Posadas en uso de licencia), firmó la providencia para que la intervención se haga de las cuentas del PJ Misiones en el Banco Nación.
Además, presentaron un escrito judicial con un acta de constatación con firma de escribano, donde se relató el impedimento de ingreso a la sede de avenida López y Planes casi Lavalle de Posadas.
«Fueron personas no identificadas, que dijeron ser seguridad del edificio, además de Policía uniformada con base permanente en la sede del partido lo que nos pareció atípico en estos años de militancia», sostuvo Fernández Meire.
El apoderado de la intervención sostuvo que Arrieta y Rodriguez le dieron mandato de lograr la entrega de manera «amistosa, con concordia, de manera amistosa para el intercambio de la institución». Sin embargo, sostuvo que este martes «fuimos citados en la sede del PJ por la representación saliente y nos tuvieron en desgaste de 16 a 19 horas con la excusa que se haría la entrega de manera pacífica, lo que no ocurrió».
Fernández Meire denunció que con Albornoz «fuimos amedrentados psicológicamente, con una fuerte presencia policial, con cuatro patrulleros y un operativo desmedido, con vigilancia e interrogación de por qué estábamos allí, quiénes éramos, que mostráramos documentación para tres personas. Después concurrieron militantes con actitud hostil que nos cercenaron el acceso de manera abrupta, actos que consideramos ilegales».
En ese sentido anticipó que este miércoles presentarán una denuncia penal por «retención indebida» de los bienes ante el Juzgado Federal de Guerrero, apuntando directamente al diputado nacional Alberto Arrúa. «Así, vamos a esperar la inmediata entrega del edificio. Hacemos un llamamiento a quienes están dentro del edificio para que depongan esa actitud porque corre por su responsabilidad lo que pueda ocurrir con el saqueo, daño o ruptura con el patrimonio del PJ Misiones. Son responsables del vandalismo y cualquier otra circunstancia», advirtió.
Finalmente, admitió que la intervención desconoce si Arrúa o Comparin firmaron la adhesión al frente Renovador de la Concordia para las elecciones del 8 de junio: «eso lo veremos cuando nos entregan las actas, libros, claves de sistemas, redes sociales, etc. Todo lo que pueda estar ocurriendo en esta etapa de intervención tiene por lo menos un viso de irregularidad, después veremos si hay malversación de fondos», dijo Fernández Meire.
