A través de 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobierno argumentó que estos programas no tenían una aplicación efectiva o se superponían con otros, y que su eliminación formaba parte de un proceso de «buena gestión y administración eficiente de los recursos».
El gobierno de Javier Milei sigue implementando un ajuste en el Estado. Esta vez, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Sandra Pettovello, se anunciaron la eliminación de al menos diez programas sociales y culturales creados por administraciones anteriores, como las de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
Los Programas Eliminados
Una de las resoluciones clave fue la Resolución 143/2025, que dejó sin efecto el “Programa de Integración y Desarrollo Humano Participar en Comunidad”, creado en 2020, con el objetivo de responder a necesidades locales. El gobierno argumentó que su eliminación responde a la necesidad de alinear las funciones de Capital Humano con las del Poder Ejecutivo y a los cambios en la estructura administrativa del ministerio.
La Resolución 144/2025 suprimió el “Programa Centro de Promoción de Derechos”, creado en 2017 por la entonces Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del exministerio de Desarrollo Social, debido a su «ineficiencia» y a la necesidad de reordenar programas cuyo impacto en el interés público era menor que los costos que generaban.
La Resolución 146/2025 eliminó varios programas, entre ellos el “Programa Espacio Unzué” (2015), el “Programa Institucional Sarmiento” (2017) y el “Espacio Crescencia Boado de Garrigós” (2019), todos relacionados con la participación de niños y adolescentes en actividades recreativas y culturales. También se eliminó el «Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos» (2018), que diseñaba políticas de convivencia familiar.
El gobierno justificó estas medidas como parte de una estrategia para eliminar “cargas innecesarias y normas duplicadas” que generaban una burocracia administrativa injustificada, buscando hacer el organismo más eficiente y transparente.
El Ajuste Continúa
Además de los programas sociales y culturales, las resoluciones 147/2025 y 148/2025 eliminaron proyectos como el “Programa Construimos Ciudadanía” (2018) y el “Programa Nacional de Derecho al Juego – Jugar” (2020), que habían caído en la ineficiencia y se habían reducido a asistencia financiera a organismos gubernamentales. Asimismo, se suspendieron otros programas debido a la superposición de funciones, lo que creaba un gasto innecesario de recursos.
El ajuste también afectó otras áreas, como el “Proyecto Institucional Colonia Gutiérrez e Instituto Manuel Lucio y María Cruz Inchausti” (2015) y la “Comisión Coordinadora Ejecutiva del Departamento Salud Integral” (2002), eliminadas por su falta de eficacia.
El Despido de Empleados Públicos
El ajuste no se limitó a la eliminación de programas. En los últimos meses, el gobierno de Milei ha implementado recortes en el empleo público. Desde diciembre de 2023, se han desvinculado a cerca de 30.000 empleados estatales, como parte de un esfuerzo para reducir el gasto público y garantizar el equilibrio fiscal. En el mes de marzo, al menos 2.800 personas fueron despedidas en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, que afecta principalmente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
El ministerio también avanzó en la cesantía de más de 3.600 empleados el año pasado, con un impacto significativo en áreas clave como la ANSES y la Secretaría de Trabajo.
Un Estado en Transformación
Este recorte de programas y personal se enmarca dentro de una estrategia más amplia de ajuste fiscal que el gobierno de Milei está llevando a cabo desde su llegada al poder. Además de la reducción de ministerios, se han disuelto organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Ente Nacional de Obras Hídricas, y se reestructuró la AFIP, transformándola en ARCA.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para reducir el déficit fiscal, eliminar el despilfarro de recursos públicos y garantizar una administración más eficiente. Sin embargo, estas decisiones también han generado críticas en sectores sociales y políticos que alertan sobre los efectos negativos de los recortes en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Conclusiones
El recorte de programas sociales y culturales y la eliminación de miles de puestos de trabajo en el Estado reflejan el enfoque del gobierno de Milei para reducir el gasto público y optimizar la administración de recursos. Aunque se justifica como un esfuerzo por lograr un Estado más eficiente y transparente, estas medidas han generado preocupación entre quienes consideran que el ajuste puede impactar negativamente en los sectores más necesitados de la población. El futuro de estas políticas dependerá de cómo se gestionen los recursos y si los recortes se traducen en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos o si, por el contrario, aumentan la desigualdad social.
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Fuente: (La Nación)
