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Asegura Colazo que la preocupación se intensifica a días de que el presidente deba definir si veta o no la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que podría determinar el futuro inmediato del sector más vulnerable del país.
“Hoy la gran parte de las soluciones salen de los voluntarios, de las ONG y de las fundaciones”, afirmó Colazo. Según explicó, la solidaridad se convirtió en un salvavidas para muchas personas que dependen de insumos vitales y que, sin ayuda externa, quedarían totalmente desamparadas.
La referente misionera relató casos extremos: niños que sobreviven gracias a suplementos alimenticios como el Ensure, cuyo costo mensual supera con creces una pensión por discapacidad. “Si yo no colecto y envío las cajas, esos chicos no comen”, aseguró.
Una ley en riesgo y sus consecuencias
El panorama se agrava con la incertidumbre por el posible veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. De concretarse, Colazo advirtió que el sector “pasará a estar todavía más desamparado de lo que está hoy”.
“El Estado nacional considera que una pensión de 300.000 pesos es una fortuna, cuando apenas alcanza para cubrir pañales o un medicamento básico. Imaginate lo que significa para quienes necesitan equipos médicos que cuestan millones de pesos”, explicó.
La presidenta del Ferroclub destacó que en Misiones la cobertura funciona mejor porque la provincia tomó responsabilidades que Nación dejó de lado. Sin embargo, en el resto del país, las obras sociales y programas nacionales muestran retrasos, recortes y respuestas insuficientes.
Historias que reflejan la urgencia
Colazo detalló situaciones que reflejan la gravedad:
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Una niña de Entre Ríos con oxígeno dependiente cuya obra social solo le ofreció un préstamo para comprar un equipo valuado en 16 millones de pesos.
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Pacientes con cáncer terminal que no reciben paliativos hasta que la presión social lo exige.
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Adultos mayores que deben elegir entre comer, pagar la luz o comprar sus medicamentos, ya que un fármaco para la presión o un anticoagulante con descuento puede costar más de 70.000 pesos.
“¿Qué hace una persona si no tiene a alguien que pelee por sus derechos? Se muere sufriendo”, lamentó.
La solidaridad como motor de esperanza
Frente a la falta de respuesta estatal, Colazo apeló a la sociedad: “Si tienen una silla de ruedas, un colchón antiescaras o un medicamento que ya no usan, no lo guarden. Donarlo devuelve la esperanza a quien hoy no tiene forma de acceder a esos insumos”.
Para la dirigente, cada gesto solidario es “una caricia al alma para el que entrega y para el que recibe”.
Finalmente, Colazo envió un mensaje directo al mandatario: “Que tenga un poco de empatía. El pueblo lo votó para que haga cosas por el país, no para que niegue derechos a los argentinos. Hoy está atropellando a los sectores más vulnerables: personas con discapacidad y abuelos que trabajaron toda su vida. Hace falta menos números fríos y más humanidad”.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina atraviesa un momento crítico, marcado por la falta de respuestas del Estado nacional y la creciente presión sobre ONG, fundaciones y voluntarios que se convierten en el sostén principal. Mientras se define el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, miles de familias dependen de la solidaridad social para acceder a insumos, tratamientos y cuidados básicos. El desenlace de esta discusión legislativa será determinante para conocer si se refuerza la protección de este sector vulnerable o si se profundiza su desamparo.
ATE denunció sobreprecios millonarios en el PAMI y el organismo respondió https://t.co/TuL9W5AysB pic.twitter.com/oU1iMMCnIr
— Radio Up 95.5 (@radioup955) September 1, 2025
